Una de las medidas del Gobierno para ayudar a los ciudadanos a hacer frente a la difícil situación económica -muy complicada desde el comienzo de la pandemia-, agravada con la invasión de Rusia a Ucrania y que forma parte delPlan de Respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania, es la desvinculación de la renta del alquiler de la tasa de inflación, limitando al 2% la subida en la renovación de los contratos durante los próximos 3 meses.

La propuesta salida del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra era mucho más ambiciosa:aboga por la congelación de la actualización de las rentas del alquiler durante 2022 y prorrogar el decreto antidesahucios, incluyendo en el mismo la prórroga del alquiler mientras dure esta situación (precisamente una medida que ha salido de la última prórroga del escudo social ante la crisis del covid-19). Aunque finalmente la medida se aplicará solo durante los próximos tres meses, esta limitación en la actualización de los alquileres que se renueven de abril a junio puede cambiar el mercado del alquiler.

Esta medida extraordinaria puede suponer un alivio para los inquilinos ya que algunos habían visto como desde febrero la actualización en la cuota mensual había subido un 7,6% con la subida del IPC, pero, por otro lado, puede llevar a muchos arrendadores a cerrar el inmueble a la espera de mejor oportunidad.

Es probable que se contraiga la oferta

El portal inmobiliario Fotocasa reconoce que esta medida "ayudará a los inquilinos a pagar sus rentas en un contexto de inflación desbocada y con una elevada factura energética y del gas", pero también advierte de que "la intervención en un mercado tan sensible como el del alquiler con medidas limitadoras puede llegar a tener consecuencias contrarias a las buscadas".

María Matos, directora de Estudios y portavoz del portal inmobiliario alerta de que el arrendatario, "si se encuentra en un ambiente desincentivador con modificaciones continuas de la normativa es probable que prefiera el mercado de la compraventa y pueda llegar a retirar su vivienda del alquiler, lo que contraería aún más la oferta".

No es el único que llama la atención sobre el efecto contrario que puede conseguir esta intervención del mercado; la Agencia Negociadora del Alquiler lleva años alertando de que "intervenir los precios no genera más oferta de vivienda en alquiler y perjudica al pequeño propietario que necesita esa renta". Además subraya que "hará desaparecer muchas viviendas que están destinadas al alquiler y que al ser intervenidas sus rentas a la baja, al propietario no le compense seguir alquilándolas, y opte por cerrarlas o venderlas”.

Po ello, los expertos inmobiliarios piden a la administración que añada medidas adicionales para que este límite del IPC, no recaiga sobre "los hombros de los propietarios, sino que también se apliquen fórmulas de compensación para que no se vean afectados".

El arrendatario también perjudicado

Podemos poner un ejemplo del ahorro que va a suponer la medida, por ejemplo, para un alquiler medio que en España está en torno a los 700 euros. Con la limitación de la subida al 2%, el incremento sería de unos 14 euros al mes en los próximos tres meses; sin esta limitación con la subida del IPC en el 7,6%, la subida llegaría hasta los 53 euros al mes.

"En ciudades como Madrid o Barcelona donde el precio del alquiler mensual ronda los 1.200€/1.300€, la vinculación al IPC supondría un aumento de unos 85 euros al mes, lo que resultaría en el pago a mayores de casi una mensualidad a final de año. Un aspecto asfixiante para quienes sus salarios no han aumentado al mismo ritmo", destaca en su comunicado Fotocasa.

En medio de una Ley de Vivienda polémica

La intervención en el precio del alquiler llega cuando en el Congreso de los Diputados se sigue negociando con sus socios parlamentarios la Ley de Vivienda que el Gobierno quiere tener aprobada antes de que acabe este año.

Una Ley con la que se persigue según la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se pueda "dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y los pelotazos urbanísticos".

Sin embargo, y según un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, la ley, de aplicarse tal y como pretende el Gobierno, “puede ser una fuente de litigios en distintas jurisdicciones, un semillero de litigios” como aseguran fuentes del CGPJ a la jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rosety.