Cerco al campo español: "El coste laboral en España por jornada son 90 euros y en Marruecos son 8"

El acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos está a punto de expirar y Bruselas ya ha puesto sobre la mesa una fórmula de urgencia para mantenerlo en vigor. Se trata de una revisión del tratado original, anulado hace un año por el Tribunal de Justicia de la UE (que debería extinguirse a partir del 4 de octubre), que permite la entrada con preferencias arancelarias de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos, incluido el Sáhara Occidental.

La Comisión Europea defiende que el nuevo mecanismo garantizará seguridad jurídica y trazabilidad mediante certificados de origen. Sin embargo, para los agricultores españoles el resultado es el mismo: competencia desleal en los mercados europeos.

Competencia desigual  

El sector agrícola de la Unión Europea está sometido a exigencias estrictas: controles fitosanitarios, normas medioambientales, salarios mínimos, cotizaciones sociales y fuertes inversiones en sostenibilidad. En Marruecos, en cambio, las condiciones de producción son más laxas: costes laborales reducidos, menos requisitos medioambientales y menor presión fiscal. Esa brecha de condiciones hace que los precios marroquíes resulten mucho más competitivos, desplazando a los productos europeos en los lineales de los supermercados.

“Nosotros no podemos competir por los costes, fundamentalmente por la mano de obra”, explica Andrés Góngora, responsable frutas y hortalizas COAG. “Es una competencia desleal”, añade este agricultor que cultiva tomate cherry.

El tomate y el melón, los cultivos más afectados  

El tomate es el producto que mejor refleja la tensión de este acuerdo. Andalucía, y especialmente Almería, es líder indiscutible en este cultivo, con exportaciones por valor de 634 millones de euros en 2024. Sin embargo, su posición en el mercado europeo se ha visto erosionada por el avance marroquí.

En 2014, España exportaba a la UE 786.599 toneladas de tomate. Diez años después, en 2024, la cifra cayó a 591.098 toneladas. Marruecos, en cambio, pasó de 156.229 toneladas en 2021 a 580.000 en 2024, un crecimiento del 18% solo en el último año.

Por otro lado, en el primer semestre de 2025, las importaciones españolas de tomate marroquí alcanzaron 46.742 toneladas, un 56% más que en el mismo periodo de 2024, según DataComex.

Los agricultores denuncian que el tomate cherry es el más castigado. Su recolección requiere mucha mano de obra, lo que encarece el producto en España. En Marruecos, con salarios más bajos y menos cargas sociales, los costes se reducen drásticamente, hundiendo los precios y desplazando al tomate almeriense. “Los cultivos que generan empleo son los que tienden a abandonarse porque el coste laboral en España por jornada de trabajo de 8 horas son 90 euros y en Marruecos son 8 euros”, explica Góngora. “De tomate de invierno se han perdido 4.000 hectáreas en una década: hemos pasado de 12.000 a 8.000. Son agricultores que abandonan y se dedican a otra cosa, al pimiento o al pepino. Y eso genera más competencia interna y un desequilibrio en el sector”.

Pero esto no es nuevo, los agricultores andaluces han alertado en muchas ocasiones sobre el daño económico que les ocasiona el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos, especialmente, a los que se dedican al cultivo de tomate. La provincia de Almería es la más afectada: su género ya no tiene la misma salida en el mercado. Mientras, el Sáhara Occidental produce ya un 20% del tomate que sale de Marruecos.

El melón es otro de los cultivos que se siente amenazado. Marruecos ha intensificado su producción con técnicas modernas y costes reducidos, lo que le permite ofrecer precios muy por debajo de los productores españoles. De nuevo, la diferencia no está en la calidad, sino en las condiciones de producción: el agricultor europeo trabaja con un marco regulatorio mucho más exigente. También están empezando a trabajar la sandía y los cítricos.

Las organizaciones agrarias españolas han reaccionado con dureza. COAG acusa a Bruselas de “reírse en la cara” de los agricultores europeos y denuncia que el acuerdo “seguirá erosionando la rentabilidad, provocando abandono de explotaciones y beneficiando a grandes importadores y distribuidoras”.

ASAJA, por su parte, alerta de que el mecanismo de etiquetado propuesto es un fraude para los consumidores, ya que permite que productos del Sáhara Occidental entren como si fueran marroquíes. Además, recuerda que el propio Tribunal de Justicia de la UE considera al Sáhara un territorio distinto de Marruecos, por lo que el acuerdo puede chocar de nuevo con la legalidad internacional.

¿Y el consumidor?  

Para los consumidores europeos, el acuerdo puede traducirse en precios más bajos a corto plazo. Pero, como advierten los agricultores, el riesgo es que esa ventaja inmediata provoque el desplazamiento de la producción local, con pérdidas económicas, sociales y de empleo en zonas rurales que dependen de cultivos como el tomate o el melón.

En el campo andaluz la preocupación es clara: si no se imponen condiciones de reciprocidad, la competencia de Marruecos puede terminar desplazando a sectores clave de la agricultura española.