Cataluña aplicará desde este sábado el índice de precios de referencia para limitar los alquileres en 140 municipios donde vive el 80% de la población, después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana haya publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las resoluciones pendientes.

Las resoluciones por las que se determina y aprueba el nuevo índice y se declaran tensionados estos municipios tendrán efectos desde el sábado, aunque contra las mismas se podrá interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en dos meses.

De esta forma, se pone en marcha el nuevo índice -que desde el 27 de febrero se puede consultar en la web del Ministerio- y con el que el Gobierno busca abaratar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, una medida estrella de la Ley de Viviendaque entró en vigor en mayo del pasado año, y que hasta la fecha solo se ha comprometido a aplicar Cataluña.

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Entre los municipios catalanes para los que el Govern de la Generalitat de Cataluña había solicitado su declaración como zona tensionada figuran, por ejemplo, Barcelona; Badalona; Girona; Lleida; Lloret de Mar; Mataró; Reus; Sabadell; Salou; Sant Cugat del Vallès; Sitges; Tarragona o Terrassa, entre muchos otros.

Estas zonas tendrán la consideración de tensionadas durante tres años y en ellas será de aplicación el nuevo índice de referencia de precios teniendo en cuenta que los grandes tenedores, personas físicas o jurídicas, serán aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dichas áreas tensionadas.

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Cómo funciona este índice

Este mecanismo de control de precios del alquiler se dirige básicamente a grandes tenedores en zonas tensionadas y establece un sistema estatal de referencia basándose en los contratos que están actualmente vivos.

En el caso de País Vasco y Navarra, con un régimen diferente, se va a trabajar para posibilitar el desarrollo de este índice, que estará lo antes posible.

Para que se pueda aplicar es necesario la declaración de zonas tensionadas, que tienen que ser solicitadas por las comunidades autónomas, que deben presentar a su vez otra serie de medidas para corregir los actuales desequilibrios.

Aunque inicialmente la declaración de estas zonas será por un periodo de tres años, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ya indicó recientemente que podía prorrogarse este plazo si persisten los desequilibrios.

Este índice también es de aplicación a las viviendas que se introduzcan en el mercado y que no hayan sido alquiladas en los últimos 5 años.

Por el contrario, cuando la vivienda ya esté arrendada en esa zona se referenciará al contrato anterior, aunque se podrán hacer algunos ajustes al alza. Cabe recordar que para los pequeños propietarios existe un tope en las actualizaciones de los contratos del 3%.

El índice, que recoge más de 2 millones de datos de la Agencia Tributaria, atiende a la localización y superficie de la vivienda e incorpora características para determinar el rango final (superficie, estado de conservación, servicios que presenta, certificado energético, etc). Así, fija un rango superior y otro inferior.

De momento, Cataluña ha sido la única que lo ha pedido formalmente, aunque otras, según reconoció el número dos de Vivienda, han manifestado verbalmente esta posibilidad como Navarra, Asturias o País Vasco. Las comunidades gobernadas por el PP, que ha recurrido dicha ley, han reiterado que no la aplicarán.

Diferencias de precio con respecto al mercado

Los precios de referencia que arroja este índice han causado revuelo en el sector, que considera que el desfase que ofrece está muy lejos de la realidad del mercado.

En este sentido, el portal inmobiliario Idealista sostiene que el índice del alquiler aprobado por el Gobierno da unos precios un tercio más bajos que los del mercado, situándolos en valores de 2017. Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña sitúan esta diferencia en el 20 % de media.

Desde Alquiler Seguro señalan que, de media, en las 852 viviendas que ha analizado de doce provincias españolas, el precio de los alquileres está un 14 % más caro y alertan de que el índice plantea en muchas viviendas rangos de precios mínimos de 300-400 euros, valores que hace diez años que no se daban en el mercado, cuando no había déficit de oferta.

En el caso de Madrid, el Ministerio observaba diferencias del 60 % entre el mercado y lo que marca el índice.