“Las becas universitarias son un elemento clave para asegurar la igualdad de oportunidades”, pero “hay margen de mejora”. Es la conclusión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que acaba de presentar dos nuevos informes dentro del proceso de revisión de gasto que ha realizado por primera en España un organismo independiente. El otro se dedica a la eficiencia de las ayudas en I+D+i. Los anteriores documentos del organismo se centraron en las subvenciones, el gasto farmacéutico y las políticas activas de empleo.

El Estado se gastó en becas universitarias casi 816 millones de euros en el curso 2016-2017, aproximadamente un 25% del presupuesto del ministerio de Educación y Formación Profesional. 445.000 estudiantes, el 34% del total, solicitaron una ayuda económica y la recibieron dos de cada tres. Es decir, unos 300.000 universitarios, disfrutaron ese año de una beca concedida por el Gobierno central, el 22%.

El estudio de la AIReF confirma que las becas universitarias cumplen su objetivo de ayudar a las familias más vulnerables. Un 31% de los que la reciben declara que no hubiera podido estudiar y un 22% dice que no podría seguir en la universidad. Un 70% responde que tendría que buscar un trabajo o pedir ayuda económica para seguir estudiando. El organismo recoge otros efectos. Por ejemplo que la concesión de una beca favorece la consecución del título o que influye en la mejora del rendimiento y el expediente académico.

Elementos de mejora

Sin embargo la AIReF pone sobre la mesa algunos elementos de mejora del sistema. Considera suficiente el importe de la ayuda pública para los estudiantes que viven en el hogar familiar, pero no para el resto. Por eso propone elevar la beca de residencia un 80%, de 1.500 a 2.700 euros. Supondría elevar el gasto presupuestario en 98 millones de euros.

Además ve “fundamental” adelantar la convocatoria al mes de enero para que se resuelvan antes de iniciar el curso académico. Así, el estudiante puede saber si le van a dar o no una ayuda. Eso, afirman fuentes de la AIReF, puede resultar clave a la hora de tomar una decisión. Ahora más del 70% de los becados por el ministerio reciben la ayuda durante el segundo cuatrimestre, cuando ya se han afrontado los costes de, al menos, la mitad del curso.

Para fomentar la igualdad de oportunidades el organismo plantea también revisar los criterios académicos de la concesión de becas porque “se han quedado desactualizados con la crisis” y mejorar la información porque hay muchos estudiantes que se quedan fuera, cumpliendo los criterios, “por desconocimiento”.

Más eficiencia en el gasto en investigadores

La AIReF ha presentado además el informe centrado en el programa de promoción al Talento y su empleabilidad, dedicado al fomento de la innovación. El Estado le destinó alrededor de 305 millones de euros en 2017, el 5% del total del presupuesto en I+D+i. El análisis del organismo constata la falta de alineamiento entre los retos estratégicos y los objetivos de las actuaciones del programa o la falta de integración del sistema público de I+D+i con el sector privado. Esa escasa conexión supone un problema endémico que tiene consecuencias. Nos gastamos dinero en investigadores pero apenas se traduce en patentes. En Alemania fueron 174 por millón de habitantes y en España, 18.

Además el estudio concluye que el nivel de cobertura en las ayudas a lo largo de la carrera investigadora no es homogéneo y que las cuantías no se han actualizado. Ve margen de mejora la reputación de las instituciones, en la calidad investigadora y critica la alta burocratización del procedimiento.

Para analizar la eficacia del programa, la AIReF se ha centrado en dos partidas que representan alrededor del 50% de su presupuesto. Primero, la ayuda más importante al comienzo de la etapa investigadora para la formación de doctores, Formación de Personal Investigador (FPI). Segundo, la ayuda más importante en la etapa de consolidación del investigador, que son los contratos Ramón y Cajal. El organismo concluye que recibir una ayuda FPI tiene un impacto positivo para acabar el doctorado y limitado sobre la producción científica. A corto plazo, parece conducir, paradójicamente, a peores resultados en aspecto de la vida laboral. En cuanto a las ayudas Ramón y Cajal, basadas en la excelencia académica, son mucho más efectivas. Recibir un contrato posdoctoral tiene un impacto positivo sobre la producción científica y relevante a la hora de encontrar empleo y obtener un mejor salario. Ayuda a captar y fijar talento.

La AIReF propone revisar el gasto para centrarnos en las más eficientes, alinear a todos los agentes del sistema I+D+i en la definición de la estrategia y aumentar la colaboración con el sector privado.

En los próximos días la AIReF publicará dos nuevos informes dentro de su estudio Spending Review con el que está evaluando algunas de las partidas de gasto público. Pondrán el foco en el servicio postal, en Correos, y en la política industrial.