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FONDO AMIANTO

Acuerdo definitivo para crear el fondo de compensación para el amianto

PSOE y Unidas Podemos han cerrado este martes un acuerdo definitivo para la puesta en marcha del fondo de compensación para el amianto y que dependerá, tal y como se había previsto inicialmente, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 18:04

PSOE y Unidas Podemos han cerrado este martes un acuerdo definitivo para la puesta en marcha del fondo de compensación para el amianto y que dependerá, tal y como se había previsto inicialmente, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una vez se apruebe el texto en el Congreso de los Diputados, el acuerdo establece un plazo máximo de tres meses para la puesta en marcha del fondo, de acuerdo con Unidas Podemos.

Además, se creará un órgano de seguimiento asesor, y adscrito al Instituto Nacional de Seguridad Social, que contará con la representación de víctimas y sindicatos.

Otro de los puntos incluidos en el acuerdo es que no sólo serán beneficiarios del fondo los trabajadores, sino también las víctimas ambientales y domésticas.

El fondo estará garantizado anualmente a través de los Presupuestos Generales del Estado y también estará financiado por subrogaciones en las demandas y sanciones.

Asimismo, "se ha regulado un procedimiento particular satisfactorio para Unidas Podemos para que los ciudadanos y ciudadanas puedan solicitar las compensaciones".

El acuerdo definitivo llega tras el principio de acuerdo alcanzado por ambos partidos a finales de mayo, y "gracias al trabajo de Unidas Podemos y a la presión de sindicatos y asociaciones, y el resto de grupos parlamentarios vascos".

CCOO y UGT, junto a la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto, protestaron el pasado 25 de mayo frente al Congreso para exigir al PSOE la "reformulación" de sus enmiendas que ubicaban el fondo en el Imserso (el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030), de forma que no tendría acceso a partidas económicas procedentes de la Seguridad Social.

Las organizaciones reclamaban que, tal y como establece la proposición de ley, el fondo dependiera del Ministerio de Inclusión y pudiera financiarse mediante partidas de los presupuestos generales, de fondos de la Seguridad Social y por indemnizaciones a través de la subrogación del derecho a litigar a favor del fondo. EFE

kot/may

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