Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado este jueves el auge de "litigios abusivos" contra medios en España, especialmente por imputaciones de presuntos delitos relacionados con la revelación de secretos, y ha pedido una legislación que les proteja de los procedimientos judiciales "intimidatorios".

La petición la hace RSF porque la imputación de presuntos delitos relacionados con la revelación de secretos es frecuente en España y en los últimos años digitales como "Eldiario.es", "Infolibre" o "El Confidencial" se han enfrentado a este tipo de procedimientos "con un desgaste elevado".

Por ello, la organización pide que se aplique una doctrina constitucional a favor del derecho a informar y recuerda la propuesta de directiva presentada en abril por la Comisión Europea para proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos

Esta propuesta prevé garantías procesales, según RSF, contra los "'litigios mordaza' (como la no admisión a trámite por su carácter abusivo) y sanciones (como indemnizaciones por daños y perjuicios y multas disuasorias a los demandantes)".

Por eso lamenta que la directiva apunte solo a casos transfronterizos y a los que se hallan en el ámbito civil, ya que Bruselas carece de competencias para legislar sobre casos nacionales y de ámbito penal.

Pide, por ello, que los estados miembros, entre ellos España, adopten las recomendaciones de la Comisión y aprueben legislaciones protectoras para con los periodistas y punitivas con quienes instrumentalicen la ley para criminalizar a los medios.

Este jueves, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno se ha pronunciado precisamente sobre la futura ley que regulará el secreto profesional en el ejercicio del derecho a la información de las profesiones periodísticas. Ha dicho que se está ultimando y que el Ejecutivo cumplirá con su compromiso "con inmediatez".

El secreto profesional es un derecho reconocido en la Constitución y que protege las fuentes informativas, pero que no está regulado mediante una ley orgánica, como la cláusula de conciencia y como se exige constitucionalmente para los derechos fundamentales.

Con la futura ley, según la portavoz, se cumplirá con el desarrollo del artículo 20, que se escribió hace 40 años, pero que aún no se había abordado con una regulación del secreto profesional.