La política lingüística en las escuelas "no es competencia del Estado, sino de las administraciones educativas" y son los tribunales los que deben determinar que "el equilibrio entre castellano y lengua cooficial está siendo vulnerado".

Así consta en una respuesta enviada en junio pasado por el Ministerio de Educación -dirigido entonces por Isabel Celaá- a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que preside la exministra del PP Dolors Montserrat.

Este órgano europeo se interesaba por el derecho a recibir la enseñanza en castellano en Cataluña, tras recibir a su vez una petición de información de la Asamblea por una Escuela Bilingüe sobre las consecuencias de la plena inmersión escolar en catalán para las familias desplazadas a esa comunidad autónoma.

A finales de 2020, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó al Govern garantizar un 25 % de clases en castellano, tras haber detectado su uso "residual" en las escuelas, en plena tormenta política por la tramitación de la ley Celaá que excluye al español como lengua vehicular.

En su respuesta a la Eurocámara, el Ministerio de Educación razona que el Estado garantiza los derechos lingüísticos de la ciudadanía, pero su "intervención está regulada constitucionalmente, de forma que, si considera que este equilibrio entre castellano y lengua cooficial está siendo vulnerado, sólo los tribunales de justicia son competentes para determinarlo".

La política lingüística en la escuela "no es competencia del Estado, sino de las administraciones educativas. De hecho, la LOMLOE contempla incluso que en los centros se puedan impartir 'lenguas no oficiales que gocen de protección legal', para impulsar las lenguas regionales y minoritarias", insiste.

Si las administraciones educativas incumplieran la legislación básica en detrimento del castellano, agrega el Ministerio en su respuesta a la Eurocámara, la Alta Inspección educativa pondría en marcha los controles legalmente previstos, pero son los tribunales los que fijan si ha habido vulneración, insiste.

Añade que si bien el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 23 y 28 de abril de 2015, estableció en un 25% "el porcentaje razonable de horas lectivas que debían impartirse en castellano, en dichas resoluciones se aclara que los jueces imponen este porcentaje para garantizar los derechos de las familias que así lo soliciten, el canon constitucional del bilingüismo castellano y lengua cooficial en la enseñanza no responde a un porcentaje cuantitativo determinado que deba ser atribuido cómo mínimo a cada lengua".

La constitucionalidad del régimen lingüístico en las comunidades con lenguas cooficiales dependerá de "una valoración flexible" que determine que ambas lenguas tienen presencia, no solo como materias, sino también como lenguas para enseñar, y que con ello el alumnado alcance el dominio pleno en ambas lenguas, "sin que el Estado pueda intervenir en la definición de las políticas autonómicas que regulen este deber". EFE

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