Mientras aprobaba ese decreto anticrisis, el Gobierno también sacaba adelante el nuevo Plan de residuos nucleares. Es ya el séptimo en democracia y en él hay una fecha marcada en rojo: 2035, que será el año tope para que todas las centrales nucleares españolas, las cinco que hay operativas, estén cerradas.

En este plan también se prevé el coste que tendría la desmantelación: 20 mil millones de euros. En el texto también se recoge como se van a gestionar esos residuos. Se van a instalar varios almacenes temporales en los 7 reactores activos que hay ahora mismo, lo que deja sin efecto la designación de Villar de Cañas, en Cuenca, donde se iba a albergar un Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Las consecuencias de no crear el ATC de Villar de Cañas

El Gobierno asegura que con su nuevo plan de residuos alarga la vida útil de las centrales nucleares. No obstante, para el divulgador de ciencia y tecnología nuclear, Alfredo García, las cosas no cambian tanto como defiende el Ejecutivo. Respecto al sexto plan de residuos radioactivo de 2006, que hablaba de parar las centrales cuando tuvieran 40 años, “sí que hay un retraso”, reconoce el experto en La Linterna, que introduce un matiz en el razonamiento: “lo que dice es falso porque hay un acuerdo de 2019 entre Gobierno y eléctricas por el que se cerrarían las nucleares progresivamente, empezando en 2027 hasta 2035, por lo que no aporta este séptimo ningún cambio”.

Entonces, ¿qué cambia en este plan? Cómo gestionar los residuos radioactivos. “En España los partidos que han estado en contra de las nucleares, como el PSOE, lo que le ha interesado es decir que no hay solución a la gestión de los radioactivos, cuando sí hay una solución tecnológica, probada, y que se ha adoptado internacionalmente”.

Una solución temporal: el Almacén Centralizado de residuos radioactivos, un ATC como el que se iba a construir en Cuenca. “Esto lo tiene Suiza, Países Bajos o Francia, se iba a hacer en España, se promovió en el año 2006 con un acuerdo en el Congreso y se instó a hacerlo a Zapatero que, por controversias políticas, lo que ha optado el Gobierno es que cada central tenga su propio almacén temporal”, explica Alfredo García en COPE. El experto advierte que esta medida tendrá una consecuencia económica directa: “Eso representa un sobrecoste que va entre los 2.000 y los 3.700 millones de euros adicionales”.

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Y es que el objetivo es dejar el emplazamiento en las mismas condiciones de antes de que se empezara a construir las centrales. Algo que, asegura el divulgador, “no se va a poder producir porque en cada emplazamiento va a tener un almacén individual que va a durar, mínimo, hasta 2070”.

Qué pasará con la energía en España cuando cierren las nucleares

Según el divulgador, lo que nos vende el Gobierno es “un plan nacional integrado de energía y clima, que no deja de ser una forma de implementar el programa electoral del PSOE a un plan que pide la UE para hacer la Transición Energética”. Lo único que ofrece, explica, es una mayor instalación de energías renovables, “que es positivo”, matiza. “Pero sabemos que son variables y que necesitan una energía o tecnología que les complemente en momentos que no están produciendo”.

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Un plan que propone un almacenamiento masivo en baterías y centrales de bombeo que no se está implementando, advierte García que advierte de cuál puede ser el escenario cuando cierren las nucleares: “Lo que dice de tapadillo es que mantiene los 26GW de centrales de ciclo combinado de gas. Lo que no se explica es que la mitad de esos 26 GW, 13 están en un estado deplorable y las eléctricas han pedido cerrar esas centrales, y el Gobierno le está pidiendo a Europa poner trabas porque las van a necesitar cuando cierren las nucleares”, explica a Rubén Corral en La Linterna.

“Cuando esto pase vamos a quemar más gas, en unas condiciones deplorables, con riesgo de apagones, aumento del precio de la electricidad y aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero”, concluye.