Nueve de los once independentistas citados hoy en los juzgados de Figueres por cortar la AP-7 y la N-II el 27 de marzo, tras la detención del expresidente Carles Puigdemont en Alemania, se han acogido hoy a su derecho a no declarar, y los otros dos sólo han respondido a sus abogados.

Los dos activistas que sí han respondido a sus abogados han señalado que no se encontraban en el lugar de los hechos, en el día y la hora que señala el atestado policial.

Los abogados de las defensas, por su parte, han anunciado que solicitarán el archivo de la causa porque sostienen que no hay base legal para atribuir a sus clientes los delitos de resistencia, desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos, de los cuales les acusan.

Una de las abogadas defensoras Montserrat Vinyets ha mantenido que los Mossos d'Esquadra les identificaron aleatoriamente y a medio kilómetro del punto donde cortaron ambas vías, por lo que considera que no hay base para acusarlos.

"Incardinar en un atestado donde se denuncian desórdenes, resistencia, desobediencias, sin quedar clara la resistencia, la desobediencia ni los desórdenes, en base a una identificación aleatoria no tiene ningún tipo de sentido", ha mantenido la letrada.

El 27 de marzo, los independentistas cortaron la AP-7 en Figueres durante unas seis horas hasta que fueron desalojados por los antidisturbios de los Mossos, una acción que también realizaron en Hostalets de Llers.

Los cortes de las dos principales vías de la demarcación fueron organizados por los CDR como medida de protesta contra la detención de Puigdemont en Alemania dos días antes, y hoy unas 200 personas se han concentrado ante los juzgados para mostrar su apoyo a los investigados.