El juez Pablo Llarena considera que la limitación de los derechos políticos del candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, responde a la "gravedad de los hechos" que se le imputan y a la "adecuada" protección de los bienes jurídicos, en este caso el ordenamiento del Estado democrático.

Llarena se refiere así en el auto en el que ordena el ingreso en prisión de Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa al apreciar "un grave riesgo de fuga" y de "reiteración delictiva".

En su auto, aborda "la imposibilidad material" de Turull así como del resto de parlamentarios, Raul Romeva y Josep Rull, de acudir a desempeñar sus funciones parlamentarias y a participar en la sesión de investidura prevista para mañana en el Parlament, al acordar el ingreso en prisión de todos ellos.

Llarena señala que "aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección".

El juez explica una serie de factores que determinan que "sus derechos políticos no muestren una preminencia y mayor necesidad de tutela, que los derechos que esta resolución preserva".

Estos son "la gravedad de los hechos, la utilización de las instituciones para su ejecución, la previsión de retomar la actuación que contiene el Libro Blanco y que los procesados mantienen conforme a las expresiones generales del largo tiempo que ha precedido a la investidura".