El Partido Popular ha calificado como “aprendiz de dictador” al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, después de que la “Valedora do Pobo confirmase que el PSOE y el BNG vulneraron derechos fundamentales” recogidos en la Constitución Española al dificultar la labor de oposicion que realizan los populares en la institución provincial.

Así se expresaron en rueda de prensa tanto la presidenta del Partido Popular de Lugo, Elena Candia, como el portavoz en la Diputación, Antonio Ameijide, acompañados por los demás miembros de los grupos provincial y municipal -de la capital lucense-, en la Praza de San Marcos, ante la sede de la institución provincial.

Ameijide afirmó que la Valedora, “apoyándose en la doctrina del Tribunal Constitucional”, sostiene “de forma contundente que Tomé vulnera derechos fundamentales protegidos en la Constitución Española” al dificultar el ejercicio de fiscalización que debe realizar la oposición, representada en este caso por el Partido Popular, en la Diputación de Lugo.

"Tirón de orejas"

A su juicio, con esta nueva resolución, la “Valedora do Pobo le da el enésimo tirón de orejas al PSOE y el BNG” y le exige al presidente de la Diputación que “se garantice la libre entrada” de los diputados provinciales en aquellas dependencias de la institución que “son de atención directa a la ciudadanía”.

En el caso de aquellas instalaciones en las que “se desarrollen tareas propias de la Diputación, pero sin atención directa a la ciudadanía”, solicita que se “se establezca un régimen de acceso con una sencilla comunicación previa”.

Esta resolución se produjo después de que el Partido Popular pidiese amparo a la Valedora al entender que se habían vulnerado los derechos de sus representantes en la Diputación, al no permitirles la entrada a determinadas instalaciones provinciales.

Pregunta en el pleno

Los diputados populares anunciaron que llevarán una pregunta al pleno del próximo martes que para que “José Tomé se pronuncie sobre si va a acatar o no la resolución de la Valedora”.

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Elena Candia recordó que la Diputación y el Ayuntamiento “son la casa de todos” y, “aunque haya personas que cuando tienen responsabilidad de gobierno lo pretenden, no nos pueden impedir el acceso”.

Desde su punto de vista, “la resolución es ejemplar” y “podemos concluir que en el caso de edificios abiertos al público todos tenemos acceso, mientras que en aquellos que están cerrados -como el auditorio de Magoi- llegaría con presentar una comunicación previa".

"Así se lo vamos a exponer formalmente -al gobierno local- en el Ayuntamiento”, concluyó.