Ni la mediación de la Sareb, la entidad pública que gestiona las viviendas que dejó la crisis financiera; ni la presión de los vecinos o la actuación de la Guardia Civil, han conseguido hacer desaparecer la ‘okupación’ de viviendas en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.

Nos situamos en la comunidad de propietarios de ‘Arroyo-Vereda’ donde más del 21% de las viviendas están ‘okupadas’ de forma ilegal. De los 190 inmuebles, hay 40 inquilinos instalados al margen de la legalidad. Son viviendas propiedad de la Sareb que hace ocho meses inició un proceso de visitas para acreditar si son ‘okupas’ vulnerables o conflictivos. Después de ocho meses, una vecina de esta comunidad ha explicado en Herrera en COPE en Valladolid que el problema sigue enquistado: “Las visitas las hace empresas subcontratadas, han ido tres veces para tomar datos. Cuando hay movimiento es imposible verificar al 100 por 100 quién está en cada momento. No les dan documentación. Está siendo como la pescadilla que se muerde la cola”.

Esta vecina que prefiere guardar el anonimato percibe cierto descontrol en las visitas que se realizan porque hay “mucho movimiento”. Cree que “alguien se beneficia” de los arrendamientos ilegales” y de hecho hay mucho movimiento. Cuando detectan que se va a producir alguna entrada ilegal en una vivienda, llaman a la Guardia Civil, “hemos conseguido parar alguna, pero también hemos tenido que acreditar ante la Sareb que es propiedad suya”. “Si la Sareb no pone los medios, se vuelve a producir la ocupación”.

Convivir con 'okupas': ¿Es posible?

“Para muchos vecinos es incómodo porque son personas que viven a otro ritmo y su forma de vivir no es la misma”. Hay pinchazos de luz, de gas y el deterioro de estas viviendas es evidente porque no existe un mantenimiento. “Los inmuebles tienen carencias con fugas de agua y nadie se hace cargo de ellos, en los patios, nadie hace limpieza”.

¿Cómo actúa la Sareb?

Durante las visitas para acreditar si estamos ante una ocupación conflictiva o vulnerable, la Sareb lessolicita a los inquilinos que aporten la documentación relativa a sus ingresos y, si existieran, informes médicos o certificados de discapacidad.

Este proceso se prolonga durante meses, ya son ocho meses desde que se inició el proceso en ‘Arroyo-Vereda’. Solo entonces, cuando se acredita que es una ocupación conflictiva, se abre la puerta a iniciar un proceso judicial para iniciar el desalojo de la vivienda ocupada ilegalmente.