La Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular desde 1987, parece echarse también en brazos de la ideología de género al implantar un protocolo adoctrinador para la escuela, sin necesidad siquiera de aguardar a ninguna ley autonómica ni estatal. Con el habitual lenguaje alambicado y equívoco, las nuevas directrices llevan por nombre "Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa", que ha sido diseñado por la propia Consejería de Educación. El mencionado Protocolo obliga, entre otras cosas, a que haya baños mixtos en los centros, o a que los profesores se dirijan a los alumnos por el nombre elegido en función de su identidad de género, independientemente de lo que figure en los datos administrativos.

Paradójicamente el Protocolo persigue cualquier injerencia en la vida privada de los alumnos, mientras desarrolla una estrategia que es un atropello a la libertad fundamental de los padres, a los que corresponde de manera primordial la educación moral de sus hijos. Como ha señalado el Foro de la Familia, el Protocolo atenta contra el derecho a la intimidad de los menores, impone los intereses de una minoría y favorece la estrategia de los lobbies LGTBI. Ahora que el PP busca su renovación, convendría que no olvide sus raíces ni las expectativas de la mayor parte de electorado.