La respuesta del Gobierno al desafío secesionista catalán pasa por ser suave en las formas y contundente en el contenido de sus actuaciones. La decisión de frenar el proceso con proporcionalidad y prudencia no significa que haya que ir siempre detrás de la iniciativa de quienes vulneran la ley. Ha llegado el momento de tomar la delantera. La decisión del Ejecutivo de implantar una serie de medidas de control del gasto público catalán, asumiendo determinadas competencias, es un ejercicio de obligada responsabilidad ante la continua deslealtad del gobierno de la Generalitat. Como ha recordado esta mañana el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en “Herrera en COPE”, lo que está ocurriendo en Cataluña ya no se sitúa sólo en el nivel de la política: “son delitos a los que se da una respuesta legal”, ha señalado. A juicio la Fiscalía concurren los requisitos de una serie de delitos muy graves que hay que combatir. El Fiscal General del Estado ha insistido en que engañan a los ciudadanos de Cataluña, quienes les dicen que existe cobertura legal para este desvarío en la legalidad internacional o en la Declaración de Derechos Humanos. No existe un “derecho a decidir” fuera de las leyes, “y esto no es judicializar la política sino perseguir el crimen”, ha concluido José Manuel Maza, con una claridad que se agradece a estas alturas del proceso.