El Congreso de los Diputados da luz verde este jueves a la tramitación de la reforma del Código Penal. Permitirá, entre otros asuntos, castigar con penas de prisión de tres meses a un año, o con trabajos en beneficio de la comunidad, a quienes “hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.

La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, junto con las demás organizaciones, ha denunciado en el Senado la inconstitucionalidad de esta proposición de Ley Orgánica que ya prepara el Gobierno para penalizar que los grupos Provida realizan jornadas de oración frente a las clínicas abortivas.

Dicha Asamblea, compuesta por más de 140 asociaciones de diferentes ámbitos de la sociedad civil junto a las organizaciones convocantes, han recordado a los senadores que “los delitos de acoso y coacciones ya se encuentran tipificados como ilícitos penales”, por lo que esta propuesta de ley es un claro ejemplo más del derecho penal de autor, con una concepción autoritaria-totalitaria, un hecho que hace que la propuesta “plantee serias dudas sobre su constitucionalidad y legalidad”.

La sesión ha contado con la intervención inicial de Jaime Mayor Oreja, portavoz de las asociaciones que integran la Asamblea y representante de Neos. Ha comenzado con unas palabras de agradecimiento a los senadores por “facilitarnos la entrada en su casa para abordar un tema tan trascendental para nuestra sociedad como es la defensa de la vida”.

“Nos sentimos en la obligación de frenar esa decadencia disfrazada de falsa libertad y progreso que trata de imponerse hoy en nuestro país. La sociedad civil no puede permitir que se censuren sus derechos fundamentales bajo un criterio claramente ideológico y partidista”, ha asegurado. “No tienen límites éticos, democráticos y ni siquiera legislativos, pues modificar el Código Penal para limitar nuestra libertad de expresión da muestra de una obsesión enfermiza por construir un nuevo orden social”.

También en representación es las organizaciones ha intervenido Marta Velarde, de Rescatadores de Juan Pablo II, quien ha advertido que las más perjudicadas por esta nueva norma son “las mujeres” porque, según ha indicado, no se le va a “ayudar” en su embarazo y se la va a “coartar” en sus derechos.

A su juicio, esta ley no puede frenar a los defensores de la vida “cada uno en su ámbito” y ha advertido que, mientras la clase política sea “más proaborto”, la “sociedad es cada vez más provida en España”.

Por su parte, el doctor Poveda, profesor psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, ha explicado que él ya ha estado “25 veces en el calabozo" por "ofrecer información a mujeres en los abortorios” y, según ha apuntado, en ningún juicio ha sido condenado culpable porque existe la libertad de información.

En este sentido, se ha dirigido a los medios de comunicación presentes en el acto para advertirles: “Tengan cuidado porque a lo mejor a algunas personas no les parece bien que ustedes puedan informar”.

Las asociaciones han estado acompañadas en el acto por los senadores de PP y Vox, Javier Puente y Jacobo González-Robatto, respectivamente, quienes han asegurado que llevarán al Constitucional esta ley.