Desconexión, en sentido literal. A dos semanas del pretendido referéndum de independencia de Cataluña, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, anunció por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ya no le remitirá más el informe semanal de control de gasto de la administración autonómica, y que a partir de ahora dicha comunicación será mensual. De este modo, el siguiente informe semanal, que el Gobierno exige desde el pasado mes de julio para certificar que el gobierno catalán no gasta dinero en el referéndum, no se remitirá hasta pasada precisamente la fecha del 1 de octubre. El ejecutivo catalán se desconecta hasta entonces.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y Hacienda retendrá recursos a la Generalitat y asumirá directamente los pagos a proveedores y servicios públicos a los ciudadanos, es decir, el gasto social del Gobierno de Carles Puigdemont. Ya en noviembre de 2015, el Ministerio planteó un instrumento similar, para evitar que la Generalitat, entonces presidida por Artur Mas, destinara préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a fines independentistas. El Consejo de Ministros de este viernes abordará un paquete de medidas de control del gasto de la Generalitat, que incluye al amplio abanico de medidas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En la carta de respuesta del Gobierno, Montoro advierte de que, si no facilitan los datos que pretende ocultar Junqueras, se adoptarán «las medidas necesarias» para asegurar que la Generalitat atiende a la legislación vigente y, en concreto, al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria. Además, Montoro deja claro al Govern que no puede justificar el incumplimiento de las obligaciones acordadas por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio, porque las normas aprobadas en el Parlament hace una semana han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional y por tanto no amparan ninguna actuación.

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