Este lunes se ha difundido un vídeo con unas declaraciones de la ministra de Igualdad Irene Montero previas a una entrevista en las que admite que la asistencia menor a las concentraciones del Día de la Mujer pudo deberse al miedo al coronavirus. El vídeo se grabó el 9 de marzo y este lunes ha sido publicado por el diario ABC.

En "TRECE al día" analizamos el valor de las declaraciones desde el punto de vista jurídico con el abogado Daniel Berzosa. "Tienen el valor de un testigo, de alguien que ha presenciado directamente unos hechos", ha dicho. El abogado señala que la petición para que Montero sea llamada a declarar cabe en derecho y ya hay un "espacio jurídico, una investigación en marcha". "Por lo tanto, si la juez considera que es pertinente ordenará que se produzca ese testimonio. Por otro parte, no se aprecia ilicitud en la obtención de ese testimonio", ha dicho.

Por ello, explica que éste podría ser utilizado en un juicio si lo estimase una de las partes. "Habla con naturalidad frente a la cámara, no se oye que diga esto es off the record, o no se me grabe. Sabe que está con periodistas. Otra cosa sería que la persona hubiera entrado con una identidad oculta. Por otra parte, sabemos que los derechos constitucionales no son absolutos y que, en determinadas circunstancias, ceden. Además, estamos ante una persona que es una ministra y su privacidad puede verse aminorada ante un caso de gran importancia como lo es este para tantísimas personas", ha dicho. Con el caso Falciani, el Supremo dejó claro que si un particular obtiene pruebas de hechos, aunque pueda afectar a varios derechos, no afecta a su invalidez".

Daniel Berzosa explica que si el juez llama a Montero para testificar no afectaría su condición de diputada. Solo afectaría si se quisiese abrir un procedimiento de investigación contra ella. Finalmente, Berzosa analiza las diferentes acusaciones que se están produciendo contra responsabilidad en la gestión de esta crisis y si estas deben quedarse en el ámbito político, o pueden tener un futuro procesal. "Cómo se desarrolle el proceso va a depender de quién inicie el proceso, si es una víctima, un afectado, una acusación particular o el propio Ministerio Fiscal. En función de ello, se determinará el órgano judicial donde se diluciden las posibles responsabilidades. Estas pueden ser civiles, penales o contencioso administrativas de las Administraciones Públicas. La mayoría de procedimientos se van a verificar por el ámbito penal o contencioso administrativo", ha dicho.