El Senado ha votado este miércoles un requerimiento planteado por el Partido Popular para retirar la proposición de ley de amnistía, que ya se tramita en la Cámara Alta. Con la mayoría de los populares, esta decisión histórica ha sido aprobada por 148 votos a favor frente a 112 en contra y una asbtención. Ahora, el Congreso tiene un mes para dar una respuesta. Si es negativa o, directamente, no responde en ese plazo, el Senado podrá iniciar un conflicto entre órganos institucionales ante el Tribunal Constitucional.

Decisión histórica en el Senado

En 'Trece Al Día', el letrado del Congreso, Juan Manuel Fernández-Fontecha, ha analizado el choque institucional, inédito, entre ambas cámaras parlamentarias. "Lo que se produce, no es lo que estoy oyendo de golpe de estado. Un procedimiento constitucional jamás es un golpe de estado. Se puede producir porque las funciones legislativas de la cámara son compartidas. El origen es que el Senado dice que la ley se ha tramitado como una ley orgánica cuando ellos entienden como una reforma constitucional", aclara Fontecha.

La tramitación de la ley, explica Fontecha, "es importante para el Senado porque los poderes aumentan y se convierten en decisivos". Además, añade que "si se tramitara a través de una ley orgánica, la última palabra la tiene el Congreso".

Fernández-Fontecha localiza la raíz del problema de la amnistía en el artículo 9 de la Constitución. "La amnistía tiene un problema básico que es el artículo 9 de la Constitución. Esto es de por sí, casi nominalmente, una reforma constitucional. Este articulo y la ley de amnistía son incompatibles", asegura el letrado del Congreso.

Para el PP, que planteó esta medida, aseguran que se invadieron las funciones del Senado. Desde Génova creen que la ley de amnistía tendría que haberse tramitado como una reforma constitucional y no como una ley orgánica. Desde el Partido Socialista, creen que el único motivo de plantear este conflicto entre cámaras es "no dejar espacio a Vox", tal y como afirmó el socialista Manuel Fajardo. En el PSOE creen que los populares no acudirán finalmente al Tribunal Constitucional. Su portavoz en el Senado, Juan Espadas, lamenta que el PP tenga "tan poca seguridad" en qué hará y, sin embargo, "esté embarcando" antes al Senado en un conflicto institucional sin precedentes, que probablemente sea "para nada".

Recorrido institucional y judicial de la amnistía

El Partido Popular planteaba este choque institucional el pasado 19 de marzo en una sesión de control al Gobierno en el Senado. La portavoz del partido en la Cámara Alta, Alicia García, interpelaba a Félix Bolaños asegurando que la amnistía "suponía una reforma constitucional encubierta" y que no se había tramitado como tal.

Una afirmación que también plantearon los letrados del Congreso y Senado en sus informes, no vinculantes, respecto a la proposición de ley. "La Proposición de Ley incurriría en motivos de inconstitucionalidad por vulnerar varios principios, valores y derechos fundamentales que se contienen en la Constitución", escribía la secretaria general del Senado, Sara Sieira, en el informe.

El informe jurídico recomendó a los miembros de la mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría, que se haga constar expresamente en el mismo acto de admisión a trámite "las dudas sobre su constitucionalidad". Además, la secretaria general del Senado ya dejó claro en su informe la "inconstitucionalidad" de la norma y las "irregularidades en su procedimiento legislativo" en el Congreso, donde se emitieron dos informes jurídicos diferentes.

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