Un Gobierno, cualquier Gobierno, tiene derecho a hacer política, su política.

Es más, tiene la obligación de hacerlo porque para eso le ha puesto ahí la mayoría de los ciudadanos. Más allá de respetar los derechos de las minorías, tendrá que desarrollar su programa.

Una cosa es hacer política y otra es tocar las Instituciones, cambiar las reglas del juego, para beneficiar a una mayoría, por muy amplia que sea. Es lo que pretende hacer este Gobierno reformando el Consejo General del Poder Judicial. No es una cuestión de partidos, va mucho más allá de lo que significan los partidos.

El órgano de gobierno de los jueces elegido por una mayoría muy amplia del Parlamento representa la voluntad de los ciudadanos.

Si reducimos esa mayoría a la simple mayoría absoluta ya no es el órgano de Gobierno que representa a los ciudadanos, sino el órgano de Gobierno de los jueces que elige el Poder Ejecutivo. Se rompe la separación de poderes, o a menos se daña de forma muy grave. Se rompe también el sistema de contrapesos necesario para garantizar cualquier democracia.