La denuncia de los jueces españoles ante Bruselas no puede quedar en el capítulo de anécdotas ni relegado a un segundo plano porque es muy seria. Los jueces denuncian una grave violación de la separación de poderes y del Estado de Derecho en España. Son más de la mitad de los magistrados en España, pero representan en torno al ochenta por ciento de la profesión. Conviene escuchar sus razones.

Se quejan porque no se les permite hablar en el Parlamento. Se quejan porque el Gobierno ha limitado las funciones del Consejo General del Poder Judicial, impidiéndole hacer nombramientos. Esa denuncia, de entrada, marca la imagen internacional de España. Nos pueden equiparar en Bruselas a otros países que, como Polonia o Hungría, ponen en riesgo la democracia real y efectiva de sus ciudadanos.

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea tomarán buena nota de lo que dicen los magistrados y escucharán sus razones. Además, puede condicionar la llegada de los fondos europeos, que durante tres días el presidente del Gobierno está vendiendo a la sociedad española en foros y en la Sala Institucional, sala de prensa del Gobierno de España o en el Congreso de los Diputados.

Puede echar balones fuera culpando al Partido Popular de la falta de renovación del órgano de Gobierno de los jueces y parte de razón tiene pero habrá que ponerle solución a ese asunto. Lo que no se puede hacer, porque no hay acuerdo político, es amordazar a los magistrados. Representan a uno de los tres poderes del estado. Representan, es lo que representa el Poder Judicial, la garantí efectiva de la democracia.