El acuerdo sellado este miércoles por el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para proteger la lengua catalana avala la fórmula aprobada por el Parlament para garantizar el catalán como lengua vehicular en la escuela y reconocer asimismo el "uso curricular" del castellano.

Así lo recoge el "Acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana", firmado por ambos gobiernos en la reunión de la mesa de diálogo celebrada en Madrid, en paralelo a otro acuerdo sobre la "desjudicialización" de la política catalana.

Una de las cuestiones que ha agitado el debate político en los últimos meses ha sido la polémica sobre las sentencias judiciales que obligan a impartir al menos un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas.

El Parlament, en junio, aprobó una fórmula consensuada por el PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem para dar respuesta a las sentencias y reajustar el modelo educativo catalán, aunque sin necesidad de establecer por ley porcentajes de uso de cada lengua.

El acuerdo alcanzado este miércoles en la mesa de diálogo reproduce esa fórmula, al subrayar que "ambos gobiernos comparten que el catalán debe seguir siendo la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Cataluña", si bien "la enseñanza y el uso curricular y educativo del castellano también tiene que estar garantizado y tener una presencia adecuada en los currículos y proyectos lingüísticos".

Además, defienden que hay que "fortalecer la autonomía y capacidad de los centros para desarrollar proyectos educativos adaptados a la realidad social y lingüística de su entorno, y de acuerdo con la evaluación de las competencias lingüísticas".

"La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria deberá estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos de forma singularizada para cada uno de los centros", subraya el acuerdo entre Gobierno y Generalitat.

De hecho, el acuerdo apoya explícitamente "el desarrollo del marco normativo reciente, consagrado por el Parlament" con la reforma del pasado junio, que "da amparo a los usos y aprendizajes lingüísticos del catalán, del castellano, del aranés en la Val d’Aran", y creen que dicha ley "se adecua al marco constitucional y estatutario".

El Gobierno y la Generalitat "se comprometen a resolver por la vía del diálogo y la negociación los conflictos que pudieran surgir en la aplicación o desarrollo del marco normativo vigente".

USO DEL CATALÁN EN EL SENADO Y LA EUROCÁMARA

Una de las novedades más relevantes del acuerdo es que el Gobierno de España se compromete a "solicitar a la presidencia del Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición".

Así, presentará la solicitud ante la Mesa del Parlamento Europeo, junto con "una propuesta para que sea técnica y financieramente viable, y trabajará para conseguir una mayoría suficiente en ella que avale esta petición antes de finalizar el año en curso".

Para que el uso del catalán sea una realidad en el Parlamento Europeo es necesario primero que lo solicite el Estado, y esta era una de las reivindicaciones históricas formuladas desde Cataluña, como la de poder emplear la lengua catalana en las Cortes.

Precisamente, el acuerdo firmado este miércoles prevé durante esta legislatura se promuevan "las reformas reglamentarias en las Cortes Generales para ampliar el derecho de los representantes de los españoles a realizar su labor en todas las lenguas del Estado" y, en este sentido, "se empezará por impulsar la revisión del reglamento del Senado para ampliar ese derecho en la Cámara Alta".

Además, el Gobierno promoverá "las reformas normativas necesarias para garantizar la plena disponibilidad lingüística y el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica del Estado".

REPRESENTANTES DEL GOVERN EN FOROS INTERNACIONALES

Por otro lado, el Gobierno facilitará que la Generalitat envíe representantes a los "foros que traten políticas con dimensiones lingüísticas y que permitan representación no estatal" y abrirá la puerta a la incorporación de representantes del Govern a "delegaciones gubernamentales a foros internacionales que traten políticas con dimensiones lingüísticas".

El Gobierno entiende que todas las previsiones de este acuerdo "pueden ser extensibles al resto de lenguas oficiales del Estado distintas al castellano si así lo requieren los gobiernos de las comunidades autónomas con más de una lengua oficial".