Subot Jon, director cultural de la Asociación de Afganos en España, trabajó con el Ejército de España entre los años 2003 y 2004. De hecho, aún tiene familia en Afganistán."Yo trabajaba con los militares españoles, los trabajadores de la embajada y diplomáticos", ha contado en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE en este 12 de octubre, día de la Hispanidad.

Subot ha recordado durante su intervención cómo fue el accidente del Yak 42 en mayo de 2003, el avión en el que viajaban de vuelta a casa 62 militares después de una misión de paz de cuatro meses en Afganistán: "Desde que se estrelló el avión, yo he estado llevando flores por su fallecimiento. Les conocía y trabajaba con ellos. Fue muy triste".

Con respecto a la situación de los talibanes, Subot ha afirmado que "cuando venían los talibanes a nuestro pueblo siempre me preguntaban con quién trabajaba, y yo le decía que con los españoles. Y ahora que no estoy ahí amenazan a mis familiares que viven todavía allí. Ellos me ayudaban a mí para llevar la ofrenda de flores a la Embajada de España. Me gustaría pedir al Ministerio del Interior y del Exterior de España que no olviden a nuestra familia".

18 años del accidente del Yak-42

El 26 de mayo de 2003 se produjo al noreste de Turquía la mayor tragedia en la historia de las fuerzas armadas españolas al estrellarse un avión Yakovlev 42, con 61 militares y un guardia civil a bordo que regresaban de una misión de paz en Afganistán; todos ellos murieron junto con la tripulación ucraniana.

El pasado mes de mayo se cumplieron 18 años de aquel accidente y poco más de tres años desde que los familiares de las víctimas pudieron dar por cumplido su objetivo de "verdad y justicia", en palabras del presidente de la asociación de familiares de las víctimas, Miguel Ángel Sencianes, tras el reconocimiento por parte del Gobierno de la responsabilidad del Estado en la tragedia y la petición de perdón de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Las familias siempre defendieron que aquella fue una tragedia evitable y aún reclaman la responsabilidad de personas concretas, indemnizaciones y un homenaje oficial que no llega, aunque desde enero del año pasado tienen al menos el informe del Consejo de Estado, asumido por el Gobierno, en el que se les da la razón.