Rosa María, hija de un pensionista con la casa okupada: "Alquiló su vivienda para pagar la residencia porque no le llegaba y ahora tiene una deuda de 17.500 euros"

Rosa María, víctima de inquiokupación, ha denunciado en el programa El Cascabel de TRECE, presentado por José Luis Pérez, el calvario que vive su familia. La casa de su padre, ubicada en El Escorial (Madrid), fue ocupada después de que los inquilinos dejaran de pagar el alquiler, generando una deuda que asciende ya a 17.500 euros con la residencia donde se encuentra ingresado el progenitor.

Negocio ilegal y miedo en la familia

La situación ha escalado hasta el punto de que los inquiokupas originales ya no están en la vivienda. Según ha explicado Rosa María, estos se fueron y alquilaron la vivienda a otras personas, que ahora la explotan alquilándola por habitaciones. De esta forma, los ocupantes ilegales están haciendo negocio con una propiedad ajena.

El problema va más allá de lo económico, pues la familia vive con miedo. "Ya en una ocasión, una de las personas que ahora están allí viviendo, le reventó con un bate de béisbol de acero la luna trasera de su coche a mi hija", ha relatado. A raíz de este suceso, Rosa María recibe el acompañamiento de Jaime, un profesional de una empresa de desocupación que la protege e intenta mediar con los ocupantes.

Un laberinto judicial sin salida

A pesar de contar con una sentencia firme de desahucio, el proceso judicial se ha convertido en una pesadilla. La primera fecha de lanzamiento, fijada para el 9 de septiembre, fue paralizada el día anterior. El motivo fue dar un plazo a los ocupantes para presentar documentación o pagar la deuda, algo que, según Rosa María, "ni presentan ni pagan".

La segunda fecha, el 2 de octubre, también fue suspendida en el último momento por un error del propio juzgado. "Cuando salió la sentencia, el juzgado tenía que haber comunicado a las partes la sentencia firme", ha explicado. Sin embargo, no se lo notificaron a una de las titulares del contrato, y al darse cuenta del fallo, la solución fue "volver a paralizarme el desahucio".

Mientras tanto, su padre sigue en la residencia gracias a la comprensión del director, que conoce la situación. Rosa María se muestra muy agradecida y asegura que pagará la deuda en cuanto recupere su casa: "El hombre ha creído en mí y sabe que yo, cuando esto lo solucione, voy a pagar lo que debo a mi padre en la residencia".

Para mayor desconcierto de la familia, ahora ha surgido una nueva complicación. Los ocupantes actuales, que tienen un contrato de subarriendo ilegal, han acudido al juzgado alegando vulnerabilidad. "El juzgado les ha dado 10 días para que presenten documentación, y es ahí donde llega ya mi asombro", ha concluido Rosa María.