El exvicepresidente del Tribunal Ramón Rodríguez Arribas ha entrado a valorar en TRECE TV la decisión del Gobierno a tramitar la semana que viene el posible indulto a los presos catalanes. En concreto, el magistrado se ha referido a si los reos que quieran acceder a este 'privilegio' deben o no mostrar arrepentimiento para que el Gobierno les conceda este permiso.

Según ha explicado en TRECE TV el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, "la Ley de indulto 1870 no recoge esa condición. El sentido común impone, que a una persona manifiesta lo contrario al arrepentimiento... si una persona ha matado a otra de una misma familia y dice que mataría a otra, ¿le daría un indulto?", se ha preguntado el magistrado.

"Lo que no es conforme a razón, no puede ser ajustado a Derecho", ha reflexionado. "No hace falta que lo diga la ley. Si no se da el perdón, las condiciones en las que se dan los indultos desaparecen", ha concluido.

El Gobierno, obligado a tramitarlo

A este sentido también se ha referido la presidenta del Congreso. Meritxell Batet, ha reconocido este jueves en una entrevista a Efe que el inicio del procedimiento de los indultos es un trámite al que el Gobierno está "obligado" porque supone "cumplir con la ley", por lo que "no puede generar sorpresa ni mucho menos escándalo".

Con estos términos se ha referido al anuncio que este miércoles hizo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sesión de control del Congreso al Gobierno, en el que avanzó que la semana que viene comenzarían los trámites de los indultos solicitados para los presos del proceso independentista catalán.

Un anuncio que ha provocado duras críticas de la oposición, que lo considera un gesto a los independentistas de cara a la aprobación de los presupuestos del año que viene.

El trámite del indulto es un procedimiento contemplado en la Constitución que puede pedir una persona en nombre del condenado -en este caso ha sido un abogado catalán- y suele durar más de seis meses.

Batet ha recordado que el anuncio que lanzó el miércoles el ministro de Justicia responde a "una normalidad procedimental" que consiste en que "una administración, un gobierno, está obligado a tramitar los expedientes que tenga encima de la mesa".

Según sus palabras, resulta "sorprendente" que algo así "sorprenda". "El cumplimiento de la ley nunca puede generar sorpresa ni mucho menos escándalo".