El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y el que fuera portavoz de la Asociación de jueces y juezas para la democracia, Ignacio González Vega, ha aprovechado el 'El Cascabel' para responder a un colaborador que estaba en plató, Bieito Rubido, quien ha mostrado su preocupación por las reiteradas ocasiones en las que los magistrados en activo participan en diversos medios de comunicación y muestran su opinión sobre alguno de los temas candentes en la opinión pública.

En esta ocasión, el tema que ha abierto el debate ha sido la medida que quiere aplicar el gobierno autonómico balear, quien ha impulsado una campaña para fomentar el uso de la lengua catalana en diferentes ámbitos como puede ser el judicial.

González Vega defiende el derecho a que los jueces opinen

Sobre el reproche que ha hecho Rubido, el magistrado ha querido hacer hincapié en que ya no habla como portavoz de la asociación de juezas y jueces para la democracia, ya que no ostente ese cargo. Sin embargo, lo que a su juicio es preocupante es que se quiera "cortar" la opinión de los magistrados como él, ya que la ley está a su favor.

"Me parece inquietante que se nos quiera la libertad de expresión a los jueces, parece ser que los jueces no tenemos libertad de expresión como los demás de ciudadanos, pero sí que está recogido tanto en la Constitución y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y además tenemos ideología como cualquier ciudadano", ha explicado.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid apoya la iniciativa del Govern

Sobre el tema que estaba siendo debatido, el hecho de que se fomente el uso de las lenguas cooficiales, el juez de la Audiencia Provincial de Madrid ha explicado que fomentarlo es un deber de las instituciones, por lo que ha estado de acuerdo en los términos en los que se ha planteado.

"No se impone el castellano, y en el artículo tres de la Constitución se protegen las lenguas cooficiales, porque a parte del castellano, existen otras regiones, comunidades autónomas o nacionalidades donde se hablan otros idiomas y esos idiomas hay que protegerlos, preservarlos y garantizar su existencia y en el caso de Baleares, es verdad que no es el catalán, se habla el mallorquín. Son idiomas de los tribunales de Justicia, con lo cual no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo la realidad constitucional", ha explicado.