El Gobierno estudiará, a partir de 2021, establecer convenios con comunidades autónomas para que gestionen la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según publica este lunes por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por ahora, para la gestión del Ingreso Mínimo Vital -aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y cuya reglamentación se ha detallado este lunes- se han firmado convenios con País Vasco y Navarra. El real decreto-ley también detalla la concesión de crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión por 500 millones para financiar esta medida en 2020.

En una entrevista en la COPE, Escrivá ha subrayado que Navarra y País Vasco ya podrán gestionar el IMV, pero que para el resto de autonomías "se abre la posibilidad a un arreglo posterior", porque en estos momentos "hemos priorizado ser lo más eficaces posibles" y "algunas autonomías no han demostrado serlo" con prestaciones similares.

"Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 31 de este real decreto-ley, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital", recoge el BOE.

La norma también recoge la creación de una comisión de seguimiento del Ingreso Mínimo Vital como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de este real decreto-ley y de un consejo consultivo sobre la medida. El IMV garantizará a los hogares españoles una renta mínima de 10.070 euros de media al año (839,2 euros al mes), aunque la cuantía dependerá del número de miembros de la familia, con lo que partirá de 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas.

Sobre el papel que jugará la IMV en la economía de nuestro país se ha pronunciado el profesor y economista José María Gay de Liébana en 'El Cascabel' de TRECE: "Creo que es el aplazamiento de un fracaso, de un fracaso rotundo de una economía y de un modelo productivo porque tenemos a muchas personas en paro y en riesgo de pobreza. En estos momentos estamos de acuerdo que hay que ayudar a todas las personas que lo necesiten, pero no se puede convertir en una forma de explicar que no se trabaje. Es necesario que se estudie y no sea una alternativa para no trabajar".

El coste anual previsto para esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social es de 3.000 millones de euros anuales, con los que se quiere llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.