Madrid, Valencia, Zaragoza o Barcelona son algunos de los ayuntamientos que cierran filas ante el pacto entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que pretende que cedan sus remanentes al Gobierno central.

El vicealcalde del municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Martín, de Ciudadanos, que gobierna junto al PSOE, también se postula por la tajante negación a dar los 13 millones de euros que tiene en la recamara porque entiende que, en sus propias palabras, “son los ahorros de sus ciudadanos y por tanto se debe gastar en ellos”.

El presidente de FEMAP, Abel Caballero, es el que rompe la balanza en la votación a favor del Gobierno, ya que es quien va a recibir, sin el apoyo de todos, este dinero. Caballero ha defendido en rueda de prensa, ante la polémica levantada estos días, que lo de facilitar el dinero ahorrado es “optativo”.

Ana Samboal, ante tales declaraciones, se pregunta: “Entonces, ¿estamos ante una petición, no una obligación?”. Lo cierto es que la realidad es mucho más compleja, ya que como bien dice Martín: “Las circunstancias pueden cambiar, puede ser que mañana nos obliguen”.

Ada Colau ha sido la última en unirse a la estela de las negaciones. La alcaldesa de Barcelona ha sentenciado: “El acuerdo es inaceptable, y es una falta de respeto al municipalismo propio de un gobierno centralista”.

Es un tema muy complicado de definir ya que el Gobierno necesita dinero, pero el propio acuerdo podría atentar contra la Constitución, concretamente los artículos 137 y 142. La polémica está servida.