Abogado penalista: “El intento de soborno a un fiscal es creerse por encima de la ley”

El intento de soborno a un fiscal por parte de una figura vinculada a un partido político ha sacudido el panorama judicial y mediático. Para el abogado penalista Álvaro Escudero, este tipo de conductas solo se producen cuando alguien “se cree absolutamente intocable”.

En entrevista con Ana Samboal, Escudero explicó que el perfil de quien comete este tipo de acciones es el de una persona que actúa “por encima de todos y además por encima de la ley”, convencida de que nadie se atreverá a actuar contra ella. “Todos sabemos que intentar sobornar a un fiscal es delito”, recordó, enfatizando que el cargo público de la víctima del intento de cohecho añade un componente de gravedad social, aunque el Código Penal no diferencia las penas según el rango del funcionario.

Un delito que se consuma con el intento

Escudero precisó que el delito de cohecho no requiere que el soborno llegue a materializarse. Basta con que exista la intención de entregar una ventaja o beneficio a un funcionario para que el delito quede consumado. “Aunque no se llegue a entregar esa prevenda, el hecho de intentarlo ya configura el cohecho”, detalló.

Las pruebas que pueden sustentar este tipo de acusaciones incluyen grabaciones, testigos y declaraciones del propio funcionario implicado, así como otros indicios recabados durante la investigación. “Al final, como en todos los procedimientos judiciales, suele haber pruebas de varios tipos, y el compendio de ellas será lo que determine si el caso llega a juicio”, explicó.

Penas y posibles delitos acumulados

En cuanto a las consecuencias penales, Escudero explicó que la conducta podría encuadrarse no solo en cohecho, sino también en tráfico de influencias, dependiendo de las circunstancias concretas y de cómo el juez interprete las pruebas. En un escenario extremo, y sumando varias imputaciones, la pena máxima podría llegar a 16 años de prisión.

El abogado subrayó que el Código Penal no distingue entre sobornar a un funcionario de menor rango y a uno de alto nivel, aunque los jueces pueden graduar la pena dentro de los márgenes legales según la relevancia del cargo. “El juez puede imponer una condena más baja o más alta, pero eso es potestad exclusiva del tribunal”, aclaró.

Escudero también comentó que los casos mediáticos presentan un desafío adicional para la defensa, dado que la presión de la prensa puede influir en la percepción pública e, indirectamente, en el desarrollo del procedimiento. No obstante, en este caso no habrá tribunal del jurado, lo que, en su opinión, reduce el riesgo de que la opinión pública afecte al fallo.

El momento de pactar con la fiscalía

Sobre la posibilidad de que la defensa de la acusada busque un acuerdo con la fiscalía, Escudero fue categórico: este escenario solo se contempla “cuando el cliente es culpable” y la carga probatoria en su contra es muy alta.

En ese sentido, subrayó que la decisión de pactar no se toma en los primeros compases del proceso, sino una vez avanzada la instrucción y con pleno conocimiento de las pruebas que sostienen la acusación. “Pueden pedir los años que quieran, pero si las pruebas son débiles, a lo mejor interesa ir a juicio”, matizó.

En relación con los rumores de posibles pactos en este caso concreto, Escudero fue claro: “Mi opinión es que es demasiado pronto, salvo que toda la prueba esté ya en el procedimiento”. Añadió que en la mayoría de los casos la evidencia se va incorporando progresivamente, conforme el juez instructor “va tirando del hilo”.