Es muy preocupante que sea el propio presidente del Gobierno el que atice contra la Guardia Civil como lo hizo ayer en el Congreso de los Diputados. Apelando a eso que Podemos llamó policía patriótica, relacionándola con las cloacas del Estado del Ministerio del Interior. Está sugiriendo el señor Sánchez con sus palabras que los policías (en este caso, los guardias civiles destituidos, cesados o han dimitido o rechazado la posibilidad de ocupar cargos), todos ellos, formaban parte de esa policía patriótica desleal con el Estado y el Gobierno.

Es muy injusto lo que está haciendo con la Guardia Civil. El malestar en el seno del Instituto Armado es notable. A partir de esos hechos, que son objetivos, porque lo que ha dicho Sánchez es muy difícil de asimilar, asumir y no contestar o criticar. Es injusto que se pueda manchar de esta manera la imagen y, sobre todo, la trayectoria profesional de oficiales de la Guardia Civil. Que han servido a todos los Gobiernos. Sobre todo, cuando hay ministros que se empeñan en seguir sugiriendo que hay sectores dentro de las fuerzas de seguridad del Estado que dialécticamente estarían incluso de acuerdo con un golpe de Estado.

En fin, cosas tremendas, terribles. Todo con tal de desviar la atención de lo que más preocupa y ocupa ahora mismo a los españoles: la mala gestión que este Gobierno ha hecho de la pandemia. En la medida en que no quiere reconocer el número real de fallecidos, porque eso desprestigia su imagen en el extranjero y en el interior. No tiene ningún pudor en desprestigiar la imagen de la Guardia Civil si así prestigia la del Gobierno o por lo menos trata de maquillarla dentro y fuera de España. A propósito de esa cifra real de fallecidos por el virus.

El Gobierno también está enormemente preocupado por que todo gire en torno al 8-M. Estamos hablando de una fecha clave. Los informes que está enviando la Guardia Civil a la juez son simplemente informes: está relatando hechos objetivos, documentos que eran recibidos antes del 8-M por Sanidad, el señor Simón... que venían de Europa. El último que se ha conocido y que forma parte del segundo informe enviado a la juez, que de forma patética están tratando de desacreditar desde el Gobierno y otros medios, dice claramente que el 2 de marzo la Agencia de la Unión Europea para el Control y la Prevención de Enfermedades había emitido un informe en el que reclamaba a todos los países europeos evitar que la población acudiese a actos multitudinarios. Y a impedir concentraciones masivas e innecesarias precisamente por el coronavirus.

El motivo que aducía esa orden de la Unión Europea era que, al estar científicamente demostrado que favorecía la expansión del virus en base a los datos de otras pandemias y epidemias, lo razonable era cancelar esas concentraciones y manifestaciones. Con el fin de reducir la transmisión del virus. Eso lo ha enviado también la Guardia Civil a la juez que entiende del caso. Y ese es un hecho objetivo. Por más que algunos intenten desacreditar el trabajo elaborado por los agentes judiciales del Instituto Armado.

Y eso le molesta al Gobierno. Pero es que eso lo tendrá que valorar la juez. Y si el señor Simón ocultó esa información o no la transmitió a las Comunidades Autónomas y, sobre todo, no puso énfasis en que esa información que le llegaba de Europa el día 2 era relevante (con el fin de que, por ejemplo, la Delegación del Gobierno suspendiera la manifestación del 8-M, el Congreso de Vox y los partidos de fútbol, incluso algunos festejos taurinos)... Pues es culpa del señor que recibió ese informe y que lo guardó en un cajón. O no le dio importancia. Pero, en definitiva, desde el punto de vista político, hay unas responsabilidades claras del Gobierno. Y desde el punto de vista legal, será la juez que entiende el caso, que lo está investigando, la que luego diga si esto es relevante o no para seguir adelante con la causa.