FOESSA y Cáritas presentan un informe con las consecuencias sociales de la covid-19

La Fundación Foessa y Cáritas han presentado un informe denominado «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España»

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La Fundación Foessa y Cáritas han presentado un informe denominado «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España». Se trata de una radiografía social derivada de la crisis de la pandemia de covid-19.

Dicho informe ha sido presentado esta mañana en Madrid por la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, y por el coordinador del equipo de estudios de Cáritas y secretario técnico de Foessa, Raúl Flores. En él se alerta de que la cohesión social que hay en nuestro país ha sufrido un gran impacto como consecuencia de la tensión sufrida en la actividad económica y el empleo debido a la pandemia del coronavirus.

La investigación ha sido llevada a cabo por un equipo de más de 30 investigadores procedentes de más de diez universidades y entidades de investigación social. El estudio arroja que la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave.

A lo largo de 700 páginas, el informe Foessa confirma además que «lo que empobrece a muchos trabajadores no solo es un salario insuficiente, sino muchas veces trabajar una jornada de 3 horas cuando podrían y desearían trabajar una jornada completa, o la temporalidad y estacionalidad de los contratos».

Aumento de la desigualdad

Teniendo en cuenta de que la principal fuente de ingresos de los hogares españoles son las rentas del trabajo, la crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar aún más la desigualdad. En términos de renta, el informe elaborado a partir de una encuesta a más de 7.000 hogares, revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25 por ciento, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.

Para la secretaria general de Cáritas, «uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la profundización de la brecha de desigualdad en nuestra sociedad, donde los grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social».

La brecha digital, un nuevo factor de exclusión

La investigación coordinada por los catedráticos Luis Ayala Cañón, Miguel Laparra Navarro y Gregorio Rodríguez Cabrero, revela que casi la mitad de los hogares en exclusión social sufren el apagón digital, lo que significa que 1,8 millones de hogares viven la brecha digital de manera cotidiana, algo que afecta especialmente a los hogares conformados solo por personas de 65 y más años y a personas que viven solas.

La pandemia ha aumentado la brecha de género

La pandemia además ha aumentado la brecha de género. Esta crisis, en 2020, ha tenido más impacto en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, lo que ha implicado un retroceso mayor para muchas mujeres en términos de integración social. Mientras que la tendencia general en hogares encabezados por hombres ha sido el descenso de la integración plena a la precaria, en hogares encabezados por mujeres ha prevalecido el descenso de la integración precaria a la exclusión.

Ser joven, un factor de exclusión en sí mismo

Ser joven es otro de los factores de exclusión que ha sacado a la luz la crisis sanitaria de la Covid-19. Según los resultados que arroja el informe Foessa, en España hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa y multidimensional que les impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta.

En 2021 se sumaron más de 650.000 nuevas personas jóvenes (16-34) a la situación de exclusión, la mayoría en situación de exclusión severa. Son 500 mil personas jóvenes más con respecto a 2018 que están afrontando situaciones de especial complejidad, lo que hace un total de 1,4 millones de jóvenes en situación de exclusión severa.

La población inmigrante, la más perjudicada en varios frentes

Si el factor etario es algo más novedoso, la nacionalidad de origen sigue una tendencia ya habitual y, por desgracia, persistente. El 50,3% de los hogares con extranjeros están en situación de exclusión social en 2021, es decir, la exclusión social en estos hogares es casi tres veces mayor que en los hogares españoles.

No obstante, resulta todavía más determinante la incidencia de la etnia en la intensificación de la exclusión social, en 2021, el 70,5% de los hogares gitanos se encuentra en exclusión social, cifra que triplica la del conjunto de los hogares españoles.

La población inmigrante además ha sufrido una tasa de incidencia de la Covid-19 casi 3 puntos porcentuales mayor que entre la población de origen español. Las razones son claras: unas peores condiciones de vida, con viviendas peor ventiladas por las condiciones de acondicionamiento de la vivienda y con más hacinamiento; así como menores recursos para adoptar medidas preventivas y una mayor exposición por sus empleos.

Estrategias de las familias para sobrevivir

Durante la pandemia, las familias han tenido que desplegar distintas estrategias para no verse arrastradas por la marea. La estrategia de reducción de gastos habituales en alimentación, ropa y calzado alcanza a prácticamente a 3 de cada 10 familias en España, y se multiplica por dos entre los hogares que sufren exclusión social.

Más de tres de cada diez familias (34%) considera que la pandemia ha tenido bastante o mucho impacto en el deterioro de sus relaciones sociales. El aislamiento, el distanciamiento social y la aversión al riesgo de contagiarse, expresadas como principales formas de autocuidado, han influido en la contención de los apoyos informales entre los hogares.

Propuestas para mejorar

El informe Foessa y Caritas Española consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas:

1. Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se transformen en crónicas.

2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, sólo 315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.

3. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos.

4. Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en empleos temporales y precarios – los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros -, y que acaben con las situaciones de irregularidad.

5. Deberían complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.

6. Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados.

7. Poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha duplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en 2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 2021). Además, la COVID-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de 1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.

8. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital. Las políticas públicas deberán poner los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Por término medio, en 2020 un 15% de los hogares con menores de 15 años indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta de forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares del cuartil más bajo de ingresos.

9. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.


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