Los obispos españoles recuerdan que las manifestaciones religiosas públicas "están amparadas por la Constitución"

La Conferencia Episcopal Española se une a la Comisión Islámica de España y recalca que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, “están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española”, subraya el episcopado después de que el pleno del Ayuntamiento de Jumilla aprobase, con los votos de PP y Vox,  la prohibición de destinar las instalaciones deportivas "para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento".

En el comunicado, los obispos españoles hacen alusión al artículo 16.1 de la Carta Magna, en la que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

En este sentido, recuerdan que la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es “la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar”, teniendo que ser valorada “con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica”.

A su vez, el comunicado de la Conferencia Episcopal apunta que las restricciones, en caso de buscar proteger el bien común, “se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas”.

La nota de prensa, publicada este jueves, 7 de agosto, hace alusión al artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

Privar de estos derechos, apuntan, implica atentar contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano que profese cualquier confesión religiosa: “Hacer estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”, recalcan los obispos en el comunicado.