El informe jurídico encargado por Vigo reclama su inclusión como sede del Mundial 2030

El informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de Vigo para analizar el posible amaño en la selección de las sedes del Mundial 2030 por parte de la Federación Española de Fútbol (RFEF) concluye que “se vulneró el principio de objetividad” en el proceso que finalmente dejó fuera a la ciudad gallega. Este documento pone en entredicho la transparencia y la imparcialidad del procedimiento, abriendo la puerta a dudas sobre la integridad del mismo.

El informe, elaborado por el despacho Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia y al que ha tenido acceso la Agencia EFE, señala que “los hechos podrían tener encaje en el delito de falsedad documental tipificado en el Código Penal”, aunque no aprecia la existencia de un “delito de prevaricación”, ya que no se trata de un asunto estrictamente administrativo. Esta distinción es clave para determinar la vía legal adecuada para abordar el caso.

Sin embargo, para confirmar esta calificación de manera definitiva, sería imprescindible “acceder a los documentos presuntamente alterados y a los documentos de trabajo supuestamente utilizados”. Hasta el momento, este acceso ha sido imposible debido a la negativa de la RFEF a entregar dichos documentos, rechazo que está plenamente documentado mediante acta notarial, complicando así la transparencia del proceso y limitando la capacidad de investigar en profundidad.

El informe, firmado por el catedrático de Derecho Administrativo, Eduardo Gamero Casado, desaconseja al Ayuntamiento de Vigo iniciar actuaciones por la vía penal. Argumenta que “el inicio de actuaciones penales conllevaría ineludiblemente la suspensión del resto de vías hasta que se resolviera el proceso penal, cuyo resultado, además, es incierto”. Esta paralización podría retrasar de manera considerable los trámites administrativos y políticos necesarios para asegurar la candidatura de Vigo.

Balaídos, estadio para la candidatura del mundial 2030

Asimismo, el informe subraya que esta situación “provocaría un retraso en las actuaciones que afectaría negativamente la designación de la candidatura de Vigo como sede del Mundial 2030, que es el principal interés del Concello de Vigo”. Por ello, recomienda explorar otras vías legales o administrativas para proteger los derechos e intereses de la ciudad sin poner en riesgo la posibilidad de ser finalmente sede.

En este contexto, el despacho de abogados apunta que, tras la renuncia de Málaga como ciudad candidata, el estadio de Balaídos debería incorporarse de forma automática a la candidatura oficial. Esto se debe a que “es la ciudad suplente con más puntuación”, por lo que su inclusión sería un paso lógico y justo para garantizar la representación de Vigo en el Mundial.

El informe abre un debate crucial sobre la necesidad de garantizar procesos transparentes y objetivos en la selección de eventos deportivos internacionales, destacando la importancia de preservar la confianza institucional y la integridad en la toma de decisiones que afectan el prestigio y desarrollo de las ciudades involucradas.