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Escándalo en el fútbol argentino con la Finalissima de fondo: Cercan a la AFA y al Chiqui Tapia
Se investigan posibles irregularidades financieras en la AFA si su presidente se ha enriquecido de forma ilegal. Se ha descubierto un impresionante parque de vehículos.

En una mansión han descubierto una enorme colección de coches de lujo atribuidos al Chiqui Tapia.
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La Justicia argentina ordenó el pasado martes el registro a las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de 17 clubes, entre ellos siete de la máxima categoría, en medio de una causa que investiga un presunto lavado de dinero por medio de una entidad financiera.
El juez federal Luis Armella firmó un requerimiento de información por la que fuerzas policiales acudieron a las sedes centrales de la AFA y de la Superliga de Primera División, así como de los clubes Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense y Barracas Central, todos ellos de Primera. La investigación alcanzó incluso al lugar de entrenamiento de la selección argentina, en la localidad de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), que lleva el nombre de Lionel Messi, donde los planteles de la Albiceleste de todas las categorías se alojan y trabajan con vistas a sus compromisos.

Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA.
¿de dónde viene todo?
La medida judicial surge a partir de una denuncia por un posible lavado de dinero en el interior de la empresa Sur Finanzas, la cual es auspiciante de Racing, que jugará este sábado la final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, y en 2023 lo fue de Platense, campeón del Apertura a principios de este año. Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejos, tiene o tuvo relaciones comerciales con todos los clubes investigados y fue auspiciante oficial de varias ediciones de los torneos de Primera División argentina.
Medios locales reprodujeron en los últimos días versiones que relacionan a Sur Finanzas con Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, a partir de una relación personal con el empresario Vallejos. En una causa paralela originada en una denuncia de la exdiputada Elisa Carrió, el juez federal Daniel Rafecas pidió un listado de los movimientos financieros de Luciano Pantano y Ana Conte, dueños de la firma Real Central, que también es relacionada con Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Ambas investigaciones judiciales comenzaron en el contexto de las crecientes críticas por parte del Gobierno de Javier Milei contra las autoridades de la AFA sobre el nivel de los arbitrajes de los partidos en diversas categorías. El político ultraliberal y el máximo dirigente de la AFA están, además, enfrentados ideológicamente, ya que Tapia es cercano al peronismo.
¿Peligra La Finalissima?
En medio de todo este terremoto se encuentra La Finalissima. El esperado partido que debería enfrentar en el parón internacional de marzo, el único antes del Mundial, a Argentina contra España como campeones de Sudamérica y Europa. El choque no está cerrado, pero si avanzado, aunque estos problemas de la AFA con la justicia podrían suponer un hándicap. Y más si se prueban la relación de su presidente con algunas irregularidades financieras.
Según publican medios argentinos, en las últimas horas se habría incautado en una mansión atribuida al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino una impresionante colección de vehículos de lujo: Un total de 45 coches y 7 motos de alta cilindrada entre los que se encontraría un Ferrari F430 valorado en más de 500.000 euros. Había también tres Porsche (un Carrera y dos Cayman S), un Audi R8, un Ford Mustang Mach 1 y un Peugeot RCZ. La mansión y los vehículos están a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyos dueños son el dirigente de la AFA Luciano Pantano y su madre.
El problema es que según la justicia, ninguno de los dos puede adquirir esos vehículos. Por eso, se ha pedido investigar si los verdaderos dueños son Tapia o Toviggino. Además, según publica La Nación la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció este viernes a la AFA, y a Claudio Tapia, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7.500 millones de pesos, unos 4'5 millones de euros.