Carles Puigdemont se ha dejado ver este jueves en el Parlamento Europeo. No ha hablado, pero sí lo ha hecho su abogado que ha querido dejara claro que la intención de su defendido es regresar a Cataluña en febrero, a mucho tardar, marzo; subrayando, además, que Bélgica nunca entregará a Puigdemont a España.

El juez Llarena le exonera por el delito de sedición porque desde hoy ese delito ya no existe en España, pero mantiene el procesamiento del expresidente de la Generalitat huido en Bélgica por malversación y desobediencia. Entonces, ¿a qué se enfrenta el expresidente catalán si pisa España ahora mismo?

Como explica la jefa de Tribunales de la Cadena COPE, Patricia Rosety nos aclara que si Puigdemont pisa España puede ser detenido.

El juez Llarena ordena su busca y captura por delitos de malversación y desobediencia, lo mismo para Antoni Comín y Lluis Puig. Llarena deja sin efecto las órdenes europeas de detención y entrega a la espera de que la Justicia europea resuelva sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial. En el caso de las otras dos jugadas Marta Rovira y Clara Ponsatí, el delito por el que están procesadas pasa a ser desobediencia.

En su auto, además, con mensaje del juez al Gobierno por la reforma del Código Penal, no parece muy conforme. El juez Llarena destaca que ante la derogación del delito de sedición, los hechos no encajan en desórdenes públicos porque la intención de los procesados fue desbordar el orden constitucional fuera de las vías legales y se pueden asumir en desobediencia y señala que, para quienes están pendientes de ser juzgados, el contexto está cercano a la despenalización. Lo que sí tiene claro Llarena es el delito de malversación, que encaja con el nuevo artículo, castigado con cárcel, malversación agravada hasta con 12 años de prisión y descarta atenuantes porque solo serían apreciables si se dispone, temporalmente, de un bien público con intención de devolverlo, no requiere el enriquecimiento del autor sino en todo caso la disminución ilícita de los caudales públicos. Además, el tribunal del procés, el tribunal de Marchena da un plazo de 8 días a acusaciones y defensas para que presenten las alegaciones oportunas tras la entrada en vigor de la reforma de la ley.