El colapso de la Seguridad Social en España desata un mercado negro de citas: "Te piden tus datos, consiguen una cita de forma dudosa y tienes que pagarles por ello"

Acceder a un servicio público como la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha convertido en una carrera de obstáculos en muchas provincias españolas. La situación ha llegado hasta tal extremo que ha surgido un mercado negro de citas previas, donde hay personas que trafican con los turnos para beneficiarse del colapso de la administración. 

Este fenómeno agrava los problemas para miles de ciudadanos que necesitan realizar trámites esenciales, desde solicitar el paro hasta gestionar su jubilación.

La realidad oculta del desempleo

Aunque el Gobierno presenta datos de empleo con optimismo, los expertos advierten de que las cifras oficiales no reflejan la situación real. 

Según ha explicado José Luis Fernández, director del gabinete de estudios de USO, en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, los datos actuales ocultan a una parte de los desempleados: "No nos están diciendo el total de desempleados que tenemos en nuestro país. 

Si a los más de 2.400.000 sumamos aquellas situaciones de disponibilidad limitada, gente que está desempleada y extinta en el servicio público de empleo, alcanzamos los 3.700.000", aclara Fernández. En su opinión, "el panorama es bastante distinto según se cuente de una manera o de otra".

El análisis de Fernández también cuestiona la calidad del empleo generado. Señala que el reciente incremento de más de medio millón de afiliados a la Seguridad Social esconde una alta precariedad. "Para conseguir ese más de medio millón de afiliados a la seguridad social, ha sido necesario hacer una media de 30 contratos por persona", explica. 

Desde la Unión Sindical Obrera (USO) lo tienen claro: "Hombre, eso se llama precariedad, eso se llama falta de estabilidad, y un empleo que tiene muy poca calidad".

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El mercado negro de las citas previas

La saturación del sistema ha propiciado que algunas personas acaparen todas las citas disponibles para luego venderlas en conocidas plataformas de internet. COPE ha investigado este fenómeno y ha logrado contactar con uno de los vendedores. 

En la conversación, el vendedor asegura que puede conseguir un turno rápidamente, aunque sin posibilidad de elegir fecha u hora: "A mí, si el sistema me ofreciera, por ejemplo, para mañana a las 3, mañana tendrías que ir a las 3".

Por esta gestión, el vendedor exige un pago de 20 euros a través de Bizum. Durante la llamada, intenta generar confianza para asegurar la transacción, presentándose como alguien que hace un favor y no como un estafador. "Yo no tomo el pelo a nadie, es que yo lo hago de verdad, ¿sabes? No soy una estafa ni nada", le insistió a su interlocutor para que le facilitara su nombre, correo y número de teléfono para asignarle la cita".

Oficinas bajo mínimos y alternativas fallidas

Los sindicatos han denunciado la raíz del problema: la falta de personal en las administraciones. Calculan que cerca del 55% de las oficinas de atención al público del SEPE están infradotadas. Según sus datos, de los 715 centros que hay en España, más de 50 cuentan con un solo empleado y más de 100 tienen únicamente dos trabajadores, lo que hace imposible atender la demanda de los ciudadanos.

Las alternativas para evitar el colapso presencial tampoco ofrecen una solución. La brecha digital dificulta el acceso a la página web del SEPE para las personas mayores, y la opción telefónica a menudo deriva en conversaciones con robots que no solucionan las necesidades de los usuarios. 

El testimonio de Lucía, una ciudadana afectada, ilustra la desesperación: "En el mes de abril, después de esperar un par de meses para que me dieran cita, conseguí ir a las oficinas para pedir una simulación de mi pensión. Me ha llegado la carta el 10 de noviembre y, por cierto, no es lo que yo les pedí, no está bien calculada".

Esta situación de colapso administrativo afecta a trámites tan cruciales como gestionar una baja de maternidad, cobrar el paro o planificar la jubilación. En un país donde se jubilan una media de 220 personas cada día, la necesidad de un sistema público eficiente y accesible se vuelve más urgente que nunca, un derecho por el que los ciudadanos pagan y que, actualmente, no está garantizado.