"Los 15 jueces del TJUE saben que la amnistía es un "acuerdo político" para asegurar la investidura de Pedro Sánchez"

Enseguida vamos a tomar el pulso a la localidad murciana de Torre Pacheco donde ha aumentado el número de detenidos, pero antes, la noticia está también en otro punto geográfico bastante más alejado.

Luxemburgo es un pequeño país, de menos de 1 millón de habitantes, entre Bélgica, Francia y Alemania y por ahí pasan hoy buena parte de las aspiraciones para frenar la ley de amnistía o mejor dicho, para limitar los efectos de la ley de Amnistía a los líderes del procés separatista.

En Luxemburgo está la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europa y desde esta mañana, 15 jueces están estudiando las cuestiones prejudiciales que han presentado desde España el Tribunal de Cuestas y la Audiencia Nacional.

Para entender todo esto hay que explicar: ¿qué es una cuestión prejudicial? Básicamente son preguntas que los diferentes tribunales de cada país formulan para aclarar si leyes o sentencias se ajustan o no con el derecho comunitario. Lo que diga el Tribunal de Luxemburgo en su respuesta es vinculante y de ahí la importancia del movimiento de hoy, porque podría modificar aspectos de la ley de Amnistía que el gobierno pactó con los independentistas.

A este Tribunal Europeo han llegado dos cuestiones distintas. Por la mañana han estudiado las consultas del Tribunal de Cuentas español, un organismo que reclama a los organizadores del procés (entre ellos Junqueras y Puigdemont) más de 3 millones de euros de fondo públicos que se gastaron. También se plantea si esos fondos afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea.

Esto es importante por una cosa: la malversación (malgastar dinero público para fines ilícitos). Ahora mismo, la Amnistía se aplica casi por completo a Junqueras y Puigdemont, excepto por el delito de malversación, ya que el Supremo considera que sí tuvieron un beneficio personal al usar ese dinero público. Por eso, Puigdemont no puede volver todavía a España, porque el Supremo mantiene la acusación contra él por malversación.

En principio el Tribunal Europeo no va a emitir una decisión vinculante sobre esa malversación, pero sí puede opinar sobre el uso del dinero en el procés y eso podría sostener o no la interpretación que hace el Supremo español.

La segunda cuestión que abordarán en Luxemburgo tiene que ver con los CDR, los auto llamados comités de defensa de la República que por ejemplo intentaron asaltar el Parlament o el aeropuerto del Prat. En este caso, la Audiencia Nacional quiere aclarar si se puede aplicar la Amnistía a varios miembros de los CDR sobre los que pesa una acusación de terrorismo.

En cualquier caso, la decisión que puedan tomar estos 15 jueces de Tribunal Justicia de la Unión Europea puede ser importante, pero no será inmediata.

Todos ellos, todos esos jueces, saben que el Constitucional español ha avalado la amnistía, pero también saben que la Comisión Europea dictaminó en su informe que se trata de «acuerdo político» con el objetivo de asegurar la investidura de Pedro Sánchez y que, más bien, se trata de una autoamnistía porque incluso los implicados (Puigdemont o Junqueras) acordaron sus términos y sus partidos la aprobaron en el Congreso a cambio de los votos de la investidura. Hoy mismo el abogado de la Comisión Europea ha cuestionado que la Amnistía responda al interés general, como defiende el Gobierno.

De la Amnistía se ha dicho mucho..., pero todavía no se ha dicho todo".