"Por la colza tengo envejecimiento precoz, como si tuviera 20 años más"

30 años después del inicio del primer juicio por Síndrome del Aceite Tóxico, causado por la ingestión de aceite de colza, las víctimas siguen pidiendo reconocimiento público y aseguran que han sido "abandonadas" y olvidadas "a propósito" por el Gobierno, la sociedad y la investigación sanitaria.

Carmen Cortés es la portavoz de la plataforma "Seguimos viviendo", que agrupa a las víctimas, y ha estado en 'La Tarde' de Expósito para pedir "reconocimiento público" pues ella tiene “envejecimiento precoz, como si tuviera 20 años más”.

Este jueves se cumplen 30 años del comienzo del primer juicio por Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), una dolencia causada por la ingestión de aceite de colza desnaturalizado con anilina, cuyas víctimas aún se movilizan para pedir una reparación moral y acceso a sus informes médicos completos.

Todas las víctimas iniciarán una campaña para pedir a la Audiencia Nacional los expedientes personales de cada una, con sus informes médicos completos.

Un niño de 8 años fue la primera víctima de un envenenamiento que afectó a unas 20.000 personas

Todo ello, cuando se cumplen 30 años del comienzo del juicio en el auditorio de la Casa de Campo de Madrid a los 38 aceiteros procesados por la Audiencia Nacional (1987). Las sesiones duraron hasta el 28 de junio de 1988 y la sentencia no se dictó hasta el 20 de mayo de 1989.

Seis años antes del comienzo del juicio, en mayo de 1981, había fallecido el niño Jaime Vaquero, la primera víctima de un envenenamiento que afectó a unas 20.000 personas.

Pasaron por el tribunal 1.500 testigos y 200 peritos y el fiscal solicitó más de 60.000 años para los acusados principales en el que se convirtió en el juicio más largo de la historia en España.

La Audiencia condenó a 13 aceiteros a penas de entre seis y veinte años de cárcel y estableció que no hubo homicidios sino delito contra la salud pública e imprudencia temeraria.

El tribunal determinó que 330 personas murieron por el SAT, frente a los 605 contabilizados oficialmente, y estableció unas indemnizaciones de 15 millones de pesetas (90.151 euros) para los herederos por persona fallecida, y de 150.000 pesetas (901 euros) a 90 millones (540.910 euros) para los afectados, según su sintomatología y grado de invalidez.

Se le obligaba a indemnizar a las víctimas, pero sólo en la cuota del 50 % de las sumas fijadas en la sentencia de 1989 y, eso sí, se determinaba por primera vez que el Estado, como responsable civil subsidiario, debía abonar la indemnización impuesta a Hernández Bolaños en caso de que éste no pagara, descontadas las cantidades ya abonadas, cifradas en unos 110.000 millones de pesetas.

Asimismo, duplicó la cuantía de las indemnizaciones, que quedaron establecidas en torno a los 540.000 millones de pesetas (3.253.012 euros), y condenó al Estado a pagarlas en su totalidad como responsable civil subsidiario, a la vez que ampliaba la lista de los beneficiarios a todos los afectados y no sólo a aquellos personados en la causa.

En el año 2000, el Ministerio de Justicia creó un equipo formado por jueces para decidir cuánto pagar a cada afectado. En 2006 se habían reconocido 2.374 millones de euros en autos de liquidación.