Si te digo así, de repente, que a partir de 2023 no podrás circular con tu coche. ¿Cómo te quedas? Pensarás que nos hemos equivocado, porque tú has oído que a partir de 2035 no se podrán vender vehículos que funcione con combustibles fósiles, pero no has oído nada de que vaya a implantar una medida sobre este tema en 2023 en tu ciudad, y mucho menos en una ciudad pequeña, de 50.000 o 60.000 habitantes como la tuya. No te preocupes, porque vamos a hablar de esta cuestión, dado que este verano de 2022 está siendo el verano en el que estamos hablando de dos temas en particular: el cambio climático y la crisis energética. Pero, es posible que no recuerdes que ya tenemos una ley de transición energética y cambio climático, que se aprobó en mayo de 2021.

En dicha ley se recogían medidas de todo tipo y muchas tienen que ver con la movilidad y con el vehículo privado. Y, una de las cosas que dice la ley es que a partir del 2035 ya no se podrán vender vehículos que usen combustibles fósiles. Pero hay otra cuestión de la que se ha hablado menos, y es que a partir del 2023 tu coche tendrá que disponer de una etiqueta ambiental de la DGT para poder circular por ciudades de más de 50.000 habitantes, que deberán contar ya, obligatoriamente, con zonas de bajas emisiones.

Hasta ahora, las personas que viven en Madrid o Barcelona ya cuentan con cierta experiencia con respecto a este tema, pues sus ciudades ya tienen zonas de bajas emisiones que, además, se han ido ampliando con los años. Y saben que el poder entrar en esas zonas depende mucho de la etiqueta ambiental que tenga su coche.

El Director Técnico de Fesvial (Fundación para la Seguridad Vial), José Ignacio Lijarcio, opina que es una medida positiva si lo vemos desde el punto de vista de que ya está aquí el cambio climático, "si no actuamos ya, es tarde" ha aclarado. Pero también es verdad que esta medida puede acarrear problemas e inconvenientes a los ciudadanos, porque no podrían conducir sus vehículos por ciertas zonas. El objetivo de esta ley es reducir la emisión de gases de efecto, pero el transporte terrestre es solo una parte de estas emisiones. "Lo cual significa que hay que hacer una intervención general", ha aclarado. Dado que "nos encontramos en un escenario en el que hay que actuar urgente".

La abogada de Pyramid Consulting, Lucía Gálvez, opina que esta ley tiene más de una laguna. "No hay que olvidar que la política medioambiental es un principio rector de nuestra constitución y que obliga a los poderes públicos a garantizarlo", ha aclarado. Pero, una de las cuestiones principales es que "la ley no dice si antes de que empiece el año 2023, no decía si el 31 de diciembre de 2022 o, por el contrario, antes de que finalice. Puede dar una doble interpretación".

Otro de los asuntos es que la ley deja la decisión de elegir esto a los entes locales, es decir, a los ayuntamientos. "Y no indica cómo se van a llevar a cabo estas medidas", ha remarcado.