Ya han entrado en vigor las evaluaciones de desempeño que afectarán directamente a los más de 3 millones de funcionarios que hay en España e indirectamente a todos nosotros porque somos los que pagamos su salario. ¿Y qué implican esas evaluaciones? El contenido exacto no lo conocemos, pero sí lo que podría implicar.

Hay dos situaciones distintas, que el trabajador no apruebe el examen y entonces, en este caso, se fomentarían medidas de formación para que pudiera desempeñar su puesto correctamente; y que suspenda de manera reiterada y en este caso se arriesgaría a que lo sacaran de su puesto, aunque sí que mantendría la plaza.

De momento es lo que conocemos del nuevo Real Decreto de la Ley de Función Pública que acaba de aprobar al Gobierno y que, de alguna manera, pone fin al modelo que todos tenemos en la cabeza, ese en el que ser funcionario público en España significaba tener un trabajo bien remunerado y garantizado hasta la jubilación.Y es que ahora todos los funcionarios, a título individual, serán evaluados y del resultado que obtengan en esas pruebas también dependerán incrementos salariales, ascensos o traslados.

El objetivo son metas claras y transparentes

Con esta medida, de alguna manera, el Cuerpo de Funcionarios Públicos del Estado se equipara con la plantilla de cualquier empresa. Begoña Giles portavoz de CSIFy sobre quién realizará la evaluación de los funcionarios, explicaba en 'La Tarde' que "está contemplada en nuestro reglamento base, pero no está desarrollada. Lo que falta es que se desarrolle, nosotros, desde el CSIF, vamos a intentar que esos objetivos que se plasmen, sean críticos, claros y transparentes y que sean asumibles por el propio trabajador".

Además, añadía que "partiendo de esa base, nosotros vamos a velar por que todas esas cuestiones, estén en una mesa de negociación con las centrales sindicales. Nosotros, como empleados públicos, tenemos un sistema riguroso que es el régimen disciplinario que nos aplican y que ahí ya se prevén según las faltas sanciones de distinta índole, y si es negativa, habrá que ver qué ha sucedido y que se le dé formación al empleado público que lo necesite para tener las herramientas necesarias para afrontar esos nuevos requerimientos".

No tienen conocimiento de cómo va a ser el trámite de la evaluación

Begoña decía que este nuevo sistema "ha sido unilateral a la administración, no nos han llamado las centrales sindicales, por lo cual, nosotros exigiremos a la administración que se siente a negociar porque no tenemos conocimiento como va a ser el trámite de la evaluación del desempeño, ni cuando se va a establecer, ni qué carácter va a tener".

Se ha garantizado que los funcionarios no van a perder su puesto, pero en último caso, aparte de esa formación, no contaría positivamente, sin embargo, para los que sacaran buenas notas, sí que serviría para promocionarles a puestos más importantes. "Nunca se han gestado para una parte negativa", comentaba Begoña y recalcaba que "en muchos organismos ya existe el feedback que hace los ciudadanos del servicio que se le presta, incluso hay un buzón de queja, donde el ciudadano puede cuantificar la calidad del servicio que se le ha dado".

También preocupa que se pueda utilizar para promocionar a empleados cercanos al Gobierno

Otra de las preocupaciones de los sindicatos es que esto pueda utilizarse para promocionar a trabajadores públicos políticamente cercanos al Gobierno, su postura al respecto es en primer lugar sentarse y "exigir a la administración que se siente para que establezca que los objetivos sean claros y asumibles por el trabajador. Lo que no queremos son opacidades y discrecionalidades para evitar que pueda haber arbitrariedades. La norma fue publicada en el BOE el 20 de diciembre y entró en vigor el 21, pero quedan muchas cosas por aclarar para que se pueda poner en práctica.

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Begoña señalaba que no les parece ni bien ni mal que la norma se aplique, pero que la única preocupación que tienen es que se "haga un mal uso de ello, a nivel del empleado, no preocupa", lo que pretenden es "velar y garantizar que esa evaluación sea objetiva y transparente".