Fíjate por donde que el subidón de la luz por la nueva tarifa en las horas valle y por los derechos por las emisiones de CO2 nos ha descubierto el secreto de los problemas de España. Lo importante, lo verdaderamente importante, es quién plancha en casa, si los hombres o las mujeres, y yo comprando pantalones de esos que no hay que planchar. Bromas aparte, a lo mejor lo de Calvo con la plancha no era una broma, ya tenemos otra vez el lío.

El Gobierno dice que las medidas aprobadas por la Comisión Interterritorial para la nueva desescalada, ya nadie le llama nueva descalada, son de obligado cumplimiento, y Madrid con Ayuso, y Urkullu, el País Vasco, dicen que no, que no van a cumplir el acuerdo de regulación para la desescalada porque se tomó por mayoría, no por consenso.

Esto ya lo vivimos el otoño pasado. ¿Obligan a todos o no obligan a todos los acuerdos de la Comisión Interterritorial? Ayer seis comunidades autónomas rechazaron la propuesta que regula cuál es el aforo permitido en el interior o el horario de los locales de ocio nocturno y la restauración, según cuál sea la tasa de incidencia.

Hubo mayoría a favor de la regulación que proponía el Ministerio pero no mayoría. ¿Obliga el acuerdo o no obliga si no hay unanimidad? Pues no está claro. Porque la ley que regula esto es una ley de 2003 que dice que el acuerdo será de obligado cumplimiento si hay consenso, y el consenso según la RAE es unanimidad. Pero claro, otros, en este caso el Gobierno, interpretan que es suficiente la mayoría. Seguro que te acuerdas: la Comunidad de Madrid ya recurrió a la Audiencia Nacional a finales de septiembre, cuando empezó la tercera ola, cuando se impuso, también por un acuerdo de la Comisión Interterritorial el cierre de Madrid.

La Audiencia Nacional no se ha pronunciado. Pero en un auto del Supremo también de octubre se dijo que la Comisión Interterritorial es como otro órgano que se llama conferencia sectorial y que se pueden imponer las decisiones por mayoría. Es un auto, no una sentencia. Ese auto sirve al Gobierno para intentar echarle la culpa a las comunidades autónomas rebeldes del lío que tenemos, pero la culpa no es de las comunidades sino del Gobierno por varias razones.

Primero, porque el Gobierno ha establecido un supuesto sistema de cogobernanza en el que cuando quiere hace responsables a las comunidades y cuando quiere asume el mando.El Gobierno cuando quiere está a setas y cuando le conviene a roles.

Segundo, porque el Gobierno, después de 14 semanas de pandemia sigue sin promulgar una legislación clara para gestionarla y tenemos que ir al diccionario para interpretar una ley de 2003. Tercero, porque al final el modelo, no-modelo con el que el Gobierno gestiona, no gestiona, la pandemia le pasa el marrón a los tribunales. Lo que provoca cambios frecuentes y falta de unidad de criterio. Los tribunales no tienen que gobernar

Hoy lo hemos visto con la decisión que ha tomado el Supremo con el toque de queda en Baleares. Baleares quiere tener una regulación muy dura para salvar el turismo. Cuando decayó el estado de alarma, Francina Armegol, aprobó un toque de queda que le respaldo el TSJ de Baleares y ahora le ha tumbado el Supremo.