Por una vez hemos acertado, he acertado. Esto está mal que se diga. Sobre todo, porque no es mérito mío, sino de los que saben derecho de verdad. Veniamos diciendo toda la semana que lo de prevaricación para José Manuel Franco no tenía recorrido. Y esta mañana la juez Carmen Medel, como ya sabes, ha archivado el caso. La juez ha hecho su trabajo.

Los que no han hecho su trabajo han sido los políticos. La oposición, PP y Vox, porque Ciudadanos va acercándose cada vez más al Gobierno, lo que no es mala noticia. La oposición, PP y Vox, tenía muchas esperanzas en este caso, porque pensaba que iba a poner negro sobre blanco las negligencias del Gobierno ante la pandemia. Es un clásico esto de confundir política y derecho. PP y Vox han convertido el caso de prevaricación de José Manuel Franco en una herramienta de desgaste. Y el Gobierno está convirtiendo ya el archivo de la causa, que puede ser recurrida, en una especie de diploma de honor por su gestión. Que tampoco. Vamos a tener al Gobierno todo el día gritando "¡Viva el 8 de marzo!".

Illa, que es un ministro tranquilo, hace unos minutos se ha mostrado exultante: "El Gobierno lo ha dado todo, lo que teníamos y lo que no teníamos, para derrotar al virus". Podemos pide condecorar a Fernando Simón como «símbolo universal» contra el coronavirus. Estas son las cosas que pasan cuando confundes política con derecho.

Ya sabíamos que la prevaricación era prácticamente imposible de demostrar. Había que demostrar que José Manuel Franco conocía los riesgos de no autorizar una manifestación. Eso es muy difícil de demostrar. Como bien explica hoy en ABC nuestra colabadora Cruz Morcillo, no se dedujo de la prueba de los testigos que José Manuel Franco supiera del riesgo. No consta que José Manuel Franco asistiera a reuniones de la Administración y recibiera indicaciones. Hay que tener un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones.

Pero el archivo del caso por acusación de prevaricación tampoco supone que Simón, Illa y Sánchez no fueran negligentes. Esta semana, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció que exigirán responsabilidades políticas al Gobierno por hacer «caso omiso» de las advertencias para impedir manifestaciones como la del 8M que se recogen en el informe del médico forense.

Pues muy bien, ahora puede seguir el PP o la oposición exigiendo responsabilidades políticas no jurídicas. La instructora ha precisado que el delegado -en el ejercicio de las competencias que por ley tiene atribuidas y en la horquilla temporal que nos ocupa- "mantuvo una permanente inactividad jurídica".

Es evidente que el Gobierno se comportó de forma temerariamente imprudente en la semana previa al 8 de marzo. No se trata de ejercer de profetas del pasado: el virus ya se había hecho presente en España y se sabía lo suficiente para tomar consciencia de que cualquier acto masivo sería peligroso para la salud pública.

Italia ya estaba anegada de infecciones, en Madrid se habían producido las primeras muertes, la OMS había declarado la emergencia sanitaria global, los editoriales de los principales periódicos reclamaban acciones internacionales urgentes para hacer frente a la expansión de la epidemia y a sus efectos económicos. Quince días antes, se había suspendido el Mobile World Congress de Barcelona. En esa misma semana, se cancelaron partidos de baloncesto, actos culturales y corporativos y otros muchos eventos.