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Herraiz: "El objetivo de la modificación del delito de malversación es beneficiar a Junqueras y Puigdemont"

Antonio Herraiz analiza la situación política actual de nuestro país en 'La Mañana del Fin de Semana'

Antonio Herraiz

Antonio Herraiz

La Mañana de Fin de Semana

Tiempo de lectura: 6'Actualizado 09:53

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Muy buenos días. Hace ya un buen rato que hemos estrenado la Mañana del fin de semana de COPE, en un sábado en el que las fuertes lluvias nos dan una pequeña tregua. Vuelven eso sí mañana en buena parte de la península y se van a mantener, al menos, durante el comienzo de la próxima semana, lo que siempre es una muy buena noticia.

Si hay una comunidad donde hace falta el agua es Andalucía. Lo confirma el nivel de los embalses. Los de la cuenca del Guadalquivir apenas rozan, de media, al 20% de su capacidad total. Y los de la cuenca mediterránea andaluza están al 33%. Ha llovido con intensidad en Málaga, en la comarca de la Axarquía, y también en Cádiz. Hay pueblos de la sierra gaditana, como Grazalema donde se han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Hay que mirar el calendario. Faltan justo dos semanas para Nochebuena y tres para Nochevieja. Y a tres semanas para despedir este año 2022, Pedro Sánchez ha decidido adelantar su particular traca fin de fiesta. Antes de contarte los últimos movimientos en torno al delito de malversación y al asalto al Tribunal Constitucional, las maniobras de distracción de PSOE y PODEMOS obligan a hacer un ejercicio para destacar lo evidente. No porque no lo sepamos, pero la confusión en la que intentan mezclar todo hace casi obligatorio hacer recordatorios al estilo de barrio Sésamo.

Pues casi con la misma sencillez con la que Coco nos explicaba cuando estaba cerca y cuanto estaba lejos hay que recordar que si un cargo, funcionario o quien sea de la administración se apropia de dinero o de bienes públicos para un uso ajeno a su tarea está cometiendo un delito de corrupción. Y da igual si lo hace para su lucro personal, para perpetuarse en el poder o para intentar dar un golpe contra las reglas democráticas. En realidad, los dos últimos supuestos son más graves que el primero, porque estás atentando contra las propias reglas del sistema.

Y cualquier justificación que te cuenten después es una artimaña para no reconocer la realidad. Robar para tu partido y así perpetuarte en el poder es corrupción. Y robar para pegar un golpe contra el estado democrático, también.

Recordando lo evidente, que es quizá lo más importante en el día de hoy, el resto es la confirmación de una deriva de Pedro Sánchez que va mucho más allá de contentar a sus socios separatistas. Se trata de una estrategia que pretende alterar delitos, reglas y normas con el objetivo de controlar todos los órganos del Estado. Garantizarse el poder, hoy, y contar con las herramientas para perpetuarse mañana. Si le dejan.

"Sánchez ha decidido ir a por todas"

Hoy es de esos días en los que, a un asunto de máxima gravedad, le sucede otro incluso de más envergadura. Esto no es casual. Sánchez ha decidido ir a por todas en este final de 2022 y a ver si con el nuevo año hacemos una especie de borrón y cuenta nueva y olvidamos.

Grave es todo y como por algo hay que empezar, vamos con el asalto a la Justicia. Es algo que nos termina afectando a todos. Porque las decisiones del Constitucional ante leyes ideológicas y ante otras normas sin necesidad de esa carga ideológica condicionan buena parte de nuestro día a día. Es conocido que el Poder Judicial es la pieza deseada de este Gobierno, una pieza que hasta ahora se le había resistido. Lo intentaron hace dos años, entonces con Pablo Iglesias en la vicepresidencia, y lo paró Bruselas.

La advertencia fue clara y les pidió que miraran a Polonia, que recibió una sanción millonaria por incumplir sentencias del Tribunal Europeo después de ejercer control político sobre las decisiones judiciales. Entonces PSOE y PODEMOS se echaron para atrás pero ahora vuelven a la carga en el esprint final de la legislatura. Y dice el portavoz socialista, Patxi López, que no temen a lo que vaya a decir Bruselas.

Eso es mucho aventurar. Que miren a Polonia. La Justicia europea multó a este país con un millón de euros al día por vulnerar la independencia judicial. En total, la comisión europea impuso 69 millones de euros de multa a Polonia por no haber revertido un régimen disciplinario para jueces considerado ilegal por la Justicia europea. De momento, hay silencio desde las instituciones comunitarias y no conviene enfadarlas demasiado. Está en juego la próxima entrega de fondos europeos.

En todo caso. Vamos con la explicación de esa reforma exprés para asaltar a la justicia. En primer lugar, cambia las mayorías del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los magistrados del Constitucional. Ahora mismo, hay cuatro vocales de este tribunal que tienen que ser renovados. El Gobierno ya tiene elegidos a los dos que le corresponde nombrar por ley. Uno es el ex ministro socialista Juan Carlos

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Campo, que fue quien diseñó toda la arquitectura jurídica para indultar a los condenados por el golpe del 1 de octubre. Otra es la catedrática de derecho y ex asesora de Moncloa, Laura Díez. Con estos antecedentes, ninguno de los dos, ni tampoco el que los designa, puede presumir de independencia. Pero PSOE y Podemos no se conforman con esto. Viendo que en el Consejo General del Poder Judicial no se ponen de acuerdo para elegir a los dos que magistrados que tienen que elegir para el Constitucional, el gobierno ha decidido meter mano en el máximo órgano de Gobierno de los Jueces. ¿Cómo? Alterando la mayoría necesaria para designarlos.

En este momento, solo salen adelante si se ponen de acuerdo tres quintas partes del CGPJ. Lo que se conoce como una mayoría reforzada fruto de un consenso entre conservadores y progresistas. Eso se lo cargan. Bastará con una mayoría simple. La jugada, por tanto, va más allá de nombrar a un ministro socialista como magistrado del Constitucional. Quieren también controlar el proceso de los dos magistrados que les corresponde elegir al CGPJ.

"Se despoja al Constitucional de su función supervisora"

Pero hay más. Se despoja al Constitucional de su función supervisora. Ya no tendrá que pronunciarse sobre si un candidato está capacitado para el cargo. No será el Alto Tribunal el que compruebe que los magistrados designados por el Gobierno cumplen los requisitos. Y una tercera pata en este asalto. Se amenaza con sanciones -incluso penales- a los vocales que bloqueen la renovación. Amenaza de cárcel.

Conclusión. El Gobierno tiene vía libre para nombrar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional: el ex ministro socialista Juan Carlos Campo y la ex asesora Laura Díez. Conclusión.

Imponen la denominada mayoría progresista y es el primer paso para controlar este órgano en el que terminan recursos de máxima trascendencia. La lista es larguísima. Recursos contra las leyes más ideológicas como la del aborto, la de educación o la ley del solo si es sí. O recursos, por ejemplo, contra los indultos. Y ahí estará, precisamente, Juan Carlos Campo, en el Constitucional que decidirá sobre lo que él impulsó cuando estaba en el Gobierno, sobre una medida de gracia cuya arquitectura jurídica diseñó el propio Campo. Conclusión. Ya no tienen nada que negociar con el Partido Popular.

Este es el plan del Gobierno y para tratar de adelantarse, el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial ha pedido un pleno extraordinario. ¿Con qué objetivo? Nombrar a los magistrados del TC antes de que entre en vigor la nueva reforma legal impulsada por los partidos del Gobierno. Que la maniobra del Gobierno pierda sentido. Porque la enmienda del PSOE también maniobra en ese aspecto. Si una parte se retrasa en los nombramientos, y miran al CGPJ, se renovará el Constitucional con la parte que sí lo ha hecho, es decir, el Gobierno.

Porque Sánchez no solo quiere llevar al Constitucional a su ex ministro de justicia y a una ex asesora de Moncloa. Quiere también colocar, por la parte que elije el consejo, al magistrado José Manuel Bandrés. Y, luego, el gran objetivo, que no es otro que colocar en la presidencia del Tribunal de Garantías al que fuera fiscal general del estado durante el Gobierno de Zapatero, Cándido Conde Pumpido. Todo, como ven, un juego muy limpio.

Modificación del delito de malversación

Pedro Sánchez se ha escondido detrás de un acto con el francés Macron y el portugués Antonio Costa en Alicante. Han presentado el nuevo corredor energético. Y no tocaba ayer hablar de este cambio de las reglas de juego en la Justicia. No dijo ni media palabra. Tampoco hace falta. Ahí tenemos la hemeroteca que tantas veces se ha vuelto contra él.

Como decíamos la traca fin de fiesta viene completa. Vía enmiendas para reformar el código penal, los separatistas han colado la modificación del delito de malversación. Lo presenta Esquerra, pero es algo pactado con el PSOE, como lo fue la derogación del delito sedición. Es una reforma a la carta para beneficiar a los que utilizaron dinero público para realizar una escaramuza contra el estado.

Malversaron dinero de todos para atacar nuestra democracia. “Ya, pero no lo consiguieron”. Porque no les dejaron. Pero se trata de que les salga gratis. Ya les indultaron, y con esto y con la derogación del delito de sedición, si lo vuelven a hacer, el Estado contará con menos herramientas jurídicas para combatirlo.

En su enmienda, Esquerra separa el delito en función de si en el autor hay o no ánimo de lucro. Si roban y no se lo meten en su cuenta corriente, quieren que la condena sea testimonial. Y la rebajarían de un máximo de ocho años de cárcel a un mínimo de tres. El objetivo no es otro que beneficiar a personas concretas. A Junqueras, a Puigdemont y a la veintena de procesados y condenados por el 1 de octubre de 2017.

Y con esta reforma a la carta se acumulan las preguntas. ¿Se imaginan que el PP hace una ley a la carta para salvar a todos los implicados en la trama Gurtel o a los de la Púnica? Y luego otra pregunta. A los barones socialistas que han mostrado su malestar con esta reforma. ¿Van a hacer algo? ¿Van a dar algún paso? ¿O se van a limitar al titular sin más? En cinco meses tienen elecciones autonómicas y han encontrado en Sánchez y en el Gobierno que permanece en Moncloa a su peor enemigo.

Para desviar la atención, el PSOE propone añadir un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, que no deja de ser el encubrimiento de su fechoría. Y desde VOX, Santiago Abascal anunciaba una nueva moción de censura, de momento sin fecha. Dice que buscarán un candidato de consenso. En el PP descartan presentar esa moción porque al centro derecha los números no le salen y sería reforzar, si cabe aún más, la mayoría Frankenstein que mantiene a Pedro Sánchez en Moncloa.

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