"Entre 600.000 y un millón de contratos de alquiler caducan este año y los que lo han pedido a tiempo, parece que van a tener la prórroga"

El Congreso de los Diputados ha derogado la prórroga de los alquileres impulsada por Sumar, una medida que apenas ha durado un mes y que ha evidenciado la debilidad del Ejecutivo y la división entre PSOE y Sumar. El voto en contra de Junts y la abstención del PNV han sido decisivos para tumbar un decreto que, según el Gobierno, afectaba a más de un millón de contratos. Este escenario fue analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el periodista económico Iván Alonso desgranó las claves de la nueva situación en 'Clases de Economía' con Rubén Corral.

La derrota parlamentaria ha agudizado la crisis en el Gobierno de coalición. Desde la formación de Yolanda Díaz se ha acusado al PSOE durante toda la jornada de hacer poco para conseguir los votos. La tensión llegó a tal punto que se produjo un plante de los ministros de Sumar en el Consejo de Ministros, negándose a iniciar la sesión como protesta.

Incertidumbre para los inquilinos

La principal incógnita ahora es qué pasa con las prórrogas de los alquileres. A partir de hoy, se espera un "aluvión de recursos en los juzgados" por parte de propietarios contra inquilinos que solicitaron la prórroga. Según explicó Alonso, "entre 600.000 y un millón de contratos de alquiler son los que caducan este año y los que lo han pedido a tiempo, parece que van a tener la prórroga". Sin embargo, la situación es compleja y los propios expertos no tienen claro en qué casos se podrá recurrir.

La catedrática de Derecho Civil, Matilde Cuenas, arrojó algo de luz en 'Herrera en COPE', explicando que la norma no tiene carácter retroactivo. "Este contrato pierde su eficacia y no puede producir efectos una vez que ya ha sido derogado", por lo que "no podrá producirse la prórroga de contratos que no han vencido durante su período de vigencia, por mucho que se haya solicitado". La situación es inédita y se prevé que diferentes juzgados puedan dictar sentencias contradictorias, abriendo un periodo de gran inseguridad jurídica.

Este contrato pierde su eficacia y no puede producir efectos una vez que ya ha sido derogado"

Guerra abierta en el Gobierno de coalición

Desde Sumar aseguran que no se darán por vencidos. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha afirmado que llevarán el decreto "las veces que haga falta al Congreso". Horas antes, la portavoz Verónica Barbero advertía que "no valen equidistancias" y retaba a los diputados que se opusieran a aclarar "por qué se ponen del lado de los rentistas y especuladores". En la misma línea, la diputada Tesh Sidi criticó al PSOE por haberles dejado "solas" en la negociación.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Patxi López, defendió que el Gobierno seguía negociando "con todas las formaciones" para lograr un acuerdo. López también lanzó una clara advertencia a sus socios de Sumar: "No deben equivocarse de adversarios". Desde el Ministerio de Vivienda, del lado socialista, se han limitado a confirmar que seguirán trabajando "por la dignidad de los inquilinos".

No deben equivocarse de adversarios"

Los socios tumban el decreto

Junts se ha mantenido firme en su rechazo. La portavoz Míriam Nogueras argumentó que la medida "permite que los grandes tenedores prorroguen los contratos" a precios antiguos, evitando así las rebajas que impone la ley de vivienda en zonas tensionadas, donde solo el 8% de los pisos está en manos de grandes tenedores. Además, criticó que el decreto "no crea vivienda nueva y aumenta la inseguridad jurídica".

El PNV, por su parte, justificó su abstención por la "falta de seguridad jurídica" de la norma y por no haber sido negociada con ellos. Desde la oposición, la portavoz del PP, Ester Muñoz, afirmó que "las políticas del Gobierno no funcionan", mientras que Vox centró sus exigencias en la construcción de vivienda.

Incluso antes de conocerse el resultado, la vicepresidenta Yolanda Díaz hizo un "llamamiento a la movilización social". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, declaró que "los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales y desde la movilización". Díaz aseguró que "no se van a rendir" y que estudiarán todas las medidas posibles para seguir defendiendo a los inquilinos.