Los dos temas de la semana giran alrededor de la trama sobre la falsa documentación de pasaportes Covid; una trama que alcanza escala internacional y que afecta también a diferentes personalidades entre las que por el momento destaca Omar Montes, y que de confirmarse las sospechas podrían tener importantes consecuencias. La situación de la desaparición de Esther López en Valladolid es la otra cuestión que ocupa las portadas.

Se cumplen dos semanas de la desaparición de Esther López en la localidad vallisoletana de Transpinedo. Catorce días de aquel fatídico 12 de enero en el que se dejó de conocer el paradero de esta mujer de 35 años de edad. La búsqueda lleva días desarrollándose por parte de la Guardia Civil, que tiene puesto en funcionamiento a sus cuerpos por tierra, mar y aire con más de 120 efectivos; todo con el objetivo de hallar alguna pista que pueda arrojar alguna luz que desvele la pregunta de, ¿dónde está Esther?.

La investigación ha arrojado ya un detenido, Ramón 'El Manitas', pero escasean los avances que proporcionen alguna pista más concreta que ayude a conocer dónde se encuentra Esther. Como cada miércoles a las 11:30, Nacho Abad ha arrojado algo de claridad sobre un caso que no acaba de verse nada claro. En Herrera en COPE, ha considerado que "no hay evidencias suficientes para tener detenido a Ramón 'El Manitas', no hay indicios lo suficientemente reveladores". El propio detenido decidió en las últimas horas declararse en huelga de hambre por la situación que está viviendo.

Realizando un repaso sobre los motivos de su detención, las hipótesis que ha manejado la policía hasta ahora son tres, ninguno de ellos con "el peso suficiente para su arresto". La primera de ellas hace referencia a uno de los motivos principales por los que se empieza a sospechar de una persona, y eso es el falso testimonio. En su relato, Ramón mintió, aunque era algo achacable al contacto y la comunicación que había entre ellos.

Otro de los indicios fue que el teléfono de la desaparecida, se apaga en el rango en el que se encuentra la casa del detenido, aunque eso sí, en esa misma zona hay más casas en las que evidentemente residen más personas. Pero esto se une igualmente al tercer motivo, y es que cuando la policía procedía las primeras pesquisas, requirió los teléfonos móviles de varias personas; en este caso, el sospechoso se negó a que esto se produjera. En este caso, Abad apunta a que "se sospecha que el detenido anda en temas de droga y que por ese motivo no lo dio".

Igualmente, se ha registrado la casa del sospechoso, y se ha encontrado restos de ADN, aunque esto se justifica por el contacto y la cercanía que tenían ambas personas; por lo que solo podría resultar revelador hallar algún resto de sangre. Este viernes el juez tendrá que tomar una decisión.

"Omar Montes puede estar en un problema serio"

La polémica que hay alrededor de la Organización Criminal de PasaportesCOVID falsos sigue suscitando diferentes teorías alrededor de lo que pasó y cómo pudo ocurrir; sin embargo, lo que más ha trascendido es la posible presencia del cantante Omar Montes, dentro de los damnificados.

El funcionamiento de la trama era simple. La organización nace en Francia con ramificación en España. Ofrecían la posibilidad de recibir pautas de vacunación y pasaportes Covid a través de la red social Telegram para dos tipos de clientes: delincuentes y personas pudientes. Los primeros pagaban 250 € por ser inscritos en los registros, mientras que el resto de personas debían pagar en torno a 600 €.

Omar Montes, una de las principales personas que se ha visto damnificada por esta situación. Ha negado formar parte de este timo y ha asegurado que sus documentos pandémicos están en regla, igualmente, la policía lo ha citado a declarar. Nacho Abad cuenta también que él hizo esa declaración desde Estados Unidos, y que para acceder al país resulta necesario hacer un juramento de que los documentos están en regla. Esto implica que de no demostrarse que el pasaporte Covid de Montes es verdadero, el cantante podría enfrentarse a un delito de falsedad de documento público, lo que podría traer consecuencias penales de seis meses a tres años de prisión.