La Sanidad valenciana ha sido la primera condenada a indemnizar a los médicos por trabajar sin protección en la primera ola de la pandemia, algo que no ha pasado desapercibido por Cristina en Fin de Semana y por eso pregunta a Emilio Calatayud, juez de menores de Granada: “Estoy totalmente de acuerdo con la sentencia, el problema es cómo acaba. Ha habido sentencias en la discriminación de la sanitaria pública y la privada, muchas veces auxiliando la privada a la pública. Ya veremos si llega el Supremo y unifica criterios. El problema es que hay gente que ha fallecido y ahora se obliga a las viudas a iniciar procedimientos que se deriva en temas económicos”.

Sobre eso profundiza el juez de menores explicando que “al principio no se incluía la covid como enfermedad profesional, porque si te dan la baja o la pensión, es más barata la de enfermedad común. Conozco a viudas a las que no se les reconoce la baja por enfermedad profesional sino por común, ahora métete en magistraturas para conseguir la pensión que legalmente te corresponde, hay muchas discriminaciones. Me fastidia la falta de ética en todas las áreas”.

Eso lleva a Cristina a preguntar por qué las sentencias no son a una, algo que detalla Emilio Calatayud: “Es el problema y la ventaja de independencia judicial. Cada juez interpreta la ley como cree que la debe de interpretar, por eso me gusta interpretar la teoría del gitano: pleitos tengas y los ganes, uno entra pero no sabe cómo sales. Al final se unifica en el Supremo, pero la Justicia es lenta y a saber cuándo pasa esto. Mira los virólogos: que si hay que gripalizar, que si es pandemia, que si es endémico… hay inseguridad sanitaria y jurídica, y la unificación tarda mucho en España”.

Por último entra a valorar la prescripción de estos asuntos, que es de un año: “Tenemos este Estado muy garantista, la prescripción es una garantía que se convierte en injusticia. Aplicamos la Ley o interpretamos, pero no hacemos Justicia en muchas ocasiones. Somos interpretadores, por eso me quedé en menores, porque intento hacer las dos cosas”. “El plazo es un año, pero la pela la pela. Personalmente me parece poco tiempo y depende del delito la prescripción debe ser mayor, sobre todo si hay negligencia, y para eso está el legislador y los medios, que deben presionar y denunciar”, termina el juez.