Otro de los lamentables efectos que ha tenido el estado de alarma ha sido la proliferación de okupaciones de vivienda. No nos hemos podido mover en un tiempo y eso ha hecho que muchas segundas viviendas deshabitadas ahora están okupadas.

Pilar Damián es una afectada por este delito. Es sanitaria, matrona más concretamente, y estuvo trabajando en Reus. Tenía una casa y quiso comprar otra, así que la puso en venta, su única vivienda. Se sale del desconfinamiento y se encuentra su piso okupado.

Su familia la ha apoyado totalmente porque se ha encontrado muchísimos muros. Tiene un hijo independizado y ella está viviendo ahora en Tarragona en un piso de alquiler. Por fortuna antes de dejar la otra casa la casi vació de todo.

¿Qué fue lo primero que hizo? Denunciar a la Policía. El problema: que le dijeron que no se podía hacer nada más, que esperar y esperar a que la denuncia saliese adelante, pero aún no había llegado lo peor porque le dijeron que es un proceso muy, muy largo, y en el que no puede hacer más por ahora.

Y aún hay más porque resulta que el okupa ha cogido a un abogado de oficio y dice que si le cortan el agua o la luz demandará a Pilar por acoso y entonces será todo mucho peor. Es decir: Pilar no solo no puede hacer nada contra él más allá de la denuncia que ha puesto sino que tiene que pagar los gastos del okupa so pena de der denunciada por él.

Su única vía de actuación es esperar, y por eso y por todo lanza un mensaje: “Esto le puede pasar a cualquiera, no entiende de clases sociales, y pasa mucho más de lo que parece”.

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Mónica tuvo este problema hace unos años y nos ha contado su caso: empezó a principios de 2012. Por un tema de salud se tuvo que ir de su casa para someterse a una operación. Se mudó a casa de su madre para que cuidara de ella y, una vez finaliza el tema médico, volvió a su casa para encontrarla okupada.

Durante cinco años tuvo que cambiar la denuncia: primero fue la vía penal, se archivó y tuvo que abrir procedimiento por la vía civil. Pero ella tenía absolutamente todos los papeles en regla así que, ¿por qué se archivó? Por un cambio en la ley que, casi, protegía más al okupa que al dueño.

Cinco años personándose en el juzgado para saber cómo iba el caso pero estaba absolutamente estancando, pero dio con una persona que escuchó su caso de viva voz y decidió ayudarla. Gracias a él volvió a moverse el asunto. Eso y recetada por el médico para poder volver a dormir por sus nervios. ¿Qué consejo da para evitarlo? “Una alarma, cuesta pero es muy recomendable”.

Por último pide reflexionar sobre nuestro marco legal, muy mejorable según ella, y da las gracias a las comunidades de vecinos que hacen frente a este tipo de “vecinos” que no son bienvenidos.

Parte importante en esto también son los administradores de fincas. Miguel Fernández, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, nos ha contado que son conocedores de que ha habido repunte de okupaciones durante el estado de alarma pero que esto no es nuevo: “La ley se reformó en 2018 y facilitó que los okupas entrasen en algunos pisos”.

Miguel explica que hay que diferenciar entre una okupación en una vivienda privada y que sea la primera vivienda de un propietario que sale unos días y que, al volver, se encuentre okupas. Ahí hacerlo saber a la Policía, o en el juzgado hacer la tramitación para que, lo antes posible, se recupere la vivienda.

El segundo caso es que, con la reforma de la Ley en 2018, se refería a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social y dejaron fuera las viviendas de empresas o de bancos que son okupadas, un coladero importante.

Lo peor de todo está por llegar, porque tú llegas con tus papeles en regla a la Policía o al juzgado, lleno de esperanzas de poder echar al okupa, pero resulta que éste se ha bajado los papeles de internet, los ha falsificado y pone un recurso con ellos.

Miguel Fernández, como vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, deja bien claro lo que hay que hacer: “Legislar correctamente”.

Queda claro que la legislación existe pero, a juicio tanto de propietarios como de administradores de fincas, es insuficiente para hacer frente al problema de la okupación. Muchos tienen la sensación de que, al final, la ley protege más a estos colectivos a que a los propietarios.