Polémica por el acuerdo Sánchez-Bildu que podría dejar a ETA fuera de la lista europea de terroristas

El clima político en España ha alcanzado un nuevo pico de tensión debido a una serie de acontecimientos que han profundizado la polarización. Un acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu sobre ETA, la crispación en la campaña electoral de Aragón y el controvertido caso del fiscal general Álvaro García Ortiz han marcado la agenda, generando un profundo debate social y político.

Acuerdo por ETA a cambio de apoyos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo con Bildu para no renovar la presencia de ETA en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea a cambio de apoyos parlamentarios. Según fuentes oficiales, el pacto no implica una exclusión inmediata, sino que busca evitar su renovación en las futuras revisiones semestrales que exige la normativa europea desde su creación en 2001.

La noticia ha provocado la indignación de las asociaciones de víctimas. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ha afirmado que "una vez más, Sánchez y su gobierno vuelven a traicionar a las víctimas del terrorismo, esas víctimas a las que nos ha demostrado siempre empatía 0". Desde su punto de vista, la medida busca "eliminar el pasado de ETA, dejándonos a las víctimas en el olvido otra vez".

En la misma línea, Daniel Portero, de la asociación Dignidad y Justicia, ha calificado el pacto de traición. Por su parte, desde el Ejecutivo se defiende que se trata de un acuerdo parlamentario para facilitar la gobernabilidad que "no cuestiona la condena histórica a ETA ni el reconocimiento de su violencia".

Sánchez ha traicionado a todas las víctimas del terrorismo por un puñado de votos de sangre, de nuevo con Bildu, para dejar a ETA fuera de la lista europea de organizaciones terroristas""

La campaña de Aragón como reflejo de la polarización

La campaña para las elecciones en Aragón, que se celebran el próximo 8 de febrero, entra en su recta final en un clima de alta tensión. La presencia de líderes nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (VOX), Irene Montero (Podemos) y Alberto Núñez Feijóo (PP) ha intensificado la polarización del debate.

El PSOE centra sus esfuerzos en movilizar a su electorado en Zaragoza y Teruel con mensajes sobre servicios públicos, mientras que VOX ha endurecido su discurso sobre inmigración y seguridad. En paralelo, Podemos, con Irene Montero al frente, también ha puesto el foco en la inmigración con unas polémicas declaraciones que han sido calificadas de incendiarias desde la derecha: "Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora".

Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora""

Las encuestas para el 8 de febrero apuntan a un escenario abierto y competitivo, donde previsiblemente serán necesarios pactos postelectorales para formar un gobierno estable, lo que añade más incertidumbre al panorama político aragonés.

El ‘caso García Ortiz’ divide al mundo judicial

En el ámbito judicial, un grupo de juristas del entorno progresista ha intensificado su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena por el Tribunal Supremo. En un acto en el Ateneo de Madrid, los firmantes de un manifiesto defendieron al fiscal y cuestionaron al Supremo, calificando la sentencia de "inaceptable" por, según ellos, basarse en "conjeturas e indicios insuficientes".

El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos, al considerar probado que filtró un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. La sentencia se fundamentó en la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía y la desaparición de mensajes en momentos clave de la investigación.

Esta situación ha provocado que fiscales en activo expresen su horror ante lo que consideran una "campaña de deslegitimación del Supremo". Advierten de que estos hechos ponen a los jueces en la diana y dividen al país, en un contexto marcado por la propuesta del ministro Bolaños de que los fiscales instruyan las causas en lugar de los jueces.