La inmigración ha sido, otro año más, uno de los asuntos sociales que más información ha generado en los últimos doce meses. En las últimas semanas de este 2020 hemos asistido a una importante crisis migratoria en Canarias que se suma a otros escenarios como el drama que miles de refugiados sufren cada año. La inmigración es uno de los principales puntos de debate para la comunidad internacional. A continuación repasamos esta cuestión con las líneas editoriales de COPE.

El acuerdo migratorio posible en Europa

No es una solución que entusiasme a nadie, pero la propuesta de la Comisión Europea podría desbloquear la parálisis de los 27 en materia de política de migraciones y asilo. No habrá cupos, contra lo que piden España o Italia. Pero, a cambio, se articula una ingeniosa fórmula en la que aquel Estado miembro que no acoja a solicitantes de asilo deberá cooperar por otros medios, como la devolución de quienes vean sus solicitudes rechazadas, aunque está por ver de qué manera y con qué recursos diplomáticos.

También es fundamental la capacidad de la Comisión de tener la última palabra en situaciones de crisis cuando no haya acuerdo, lo que podría suponer un gran paso hacia una Europa política. Por lo demás, hay aspectos que deberían mejorarse, como articular de forma más respetuosa con el derecho internacional las peticiones de asilo, o prestar la atención que merecen los rescates marítimos, más allá del control de fronteras. A más largo plazo, la férrea distinción entre migrantes y refugiados, en la práctica, va perdiendo sentido. Y los desequilibrios demográficos, inexorablemente, cambiarán en las próximas décadas los términos del discurso. Pero mientras tanto es necesario desideologizar el debate, especialmente en aquellos países con menor experiencia migratoria. Para ello, la Unión debe dotarse de normas claras y previsibles. Aunque sean imperfectas.

Un arraigo sobre el alambre

Con el título «Un arraigo sobre el alambre», Cáritas Española y el Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas han presentado un estudio que analiza el proceso de integración de los casi ocho millones de habitantes de origen inmigrante que viven en nuestro país. La conclusión es clara: a pesar de los buenos niveles de arraigo, los niveles de integración son bajos. Aunque lleven muchos años conviviendo con nosotros, un alto porcentaje sigue ocupando los peores puestos de trabajo y las peores retribuciones. Se trata de una población eminentemente joven y activa, aspectos que, en un contexto de claro envejecimiento como el español, tienen una importancia vital. Muestran un patrón mixto de comportamiento, en una realidad muy alejada tanto de quienes sostienen que viven de espaldas a la realidad del país que les acoge como la de quienes mantienen que se integran de tal manera que olvidan las tradiciones y costumbres de su país de origen.

El estudio arroja también una conclusión que se da de bruces con los prejuicios estereotipados sobre esta realidad: en la mayoría de los casos los inmigrantes muestran niveles de conflictividad étnica muy baja. Y eso a pesar de que se encuentran en situaciones objetivas de pobreza y exclusión. El estudio sostiene que no solo no abusan de nuestros sistemas de protección social, sino que además son contribuyentes clave para que puedan sostenerse. En definitiva, la población migrante no solo está, sino que quiere estar y quiere quedarse con nosotros. Son parte de ese «nosotros».

Cáritas no se para

Las 70 Cáritas diocesanas que suman esfuerzos a lo largo y ancho de España comparten criterios y orientaciones para seguir prestando sus servicios a favor de aquellos con menos recursos, especialmente vulnerables ante la pandemia del Covid-19. Cáritas redobla esfuerzos. Y lo hace en el marco de las medidas indicadas por el Gobierno de España. El objetivo es equilibrar la protección y la seguridad con la atención a las necesidades más urgentes. Los trabajadores y voluntarios de Cáritas son suficientemente conscientes de los riesgos. Comprometerse y seguir al pie del cañón huyendo de la lógica del «sálvese quien pueda» no significa caer en la irresponsabilidad.

Se trata, simple y llanamente, de cumplir con un compromiso cuya razón de ser descansa en el Evangelio de Jesucristo. En esta hora Cáritas es expresión del compromiso de la Iglesia católica por el cuidado de los más débiles y necesitados. Hay que huir del darwinismo social que en situaciones de emergencia prescinde de aquellos con menos capacidad de adaptación. La crisis de 2008 no ha sido superada en miles de hogares españoles y no se puede seguir sumando precariedad a la precariedad.

En esta coyuntura no podemos olvidar, sino todo lo contrario, a los desempleados, personas sin hogar, parados de larga duración, mayores, inmigrantes, menores tutelados y familias en situación de precariedad. No habrá reconstrucción posible que no pase por un compromiso decidido a favor de los más vulnerables.

Marruecos juega otra vez al vecino incómodo

Arancha González Laya, la nueva ministra de Exteriores, se estrena con un viaje a Marruecos dos días después de que el Parlamento de este país ampliara unilateralmente sus fronteras marítimas con aguas que pertenecen a Canarias. El reino alauita asegura que su motivación es de política interna: afirmar su soberanía sobre el Sáhara Occidental, pero es indudable que hay también razones económicas. De forma especial se ve afectada la zona sobre la que España ha solicitado a la ONU extender su zona marítima para explotar los recursos minerales encontrados en un volcán submarino.

Aunque Marruecos declara públicamente su respeto a la legalidad internacional, esto no es lo que dicen sus hechos. Ni siquiera está todavía resuelta la cuestión de la soberanía que dejó abierta la retirada española del Sáhara en 1975. A esto se añade que Rabat tiene el poder de abrir o cerrar el grifo de los flujos migratorios y ha demostrado gran maestría en la utilización de esta herramienta de presión con el Gobierno español. González Laya, diplomática experimentada, tendrá hoy ocasión de mostrar su capacidad de nadar y guardar la ropa. Pero, como antigua alta funcionaria de la ONU, sabrá también ser prudente y a la vez firme frente a las pretensiones del vecino y aliado del sur, al que a veces conviene recordar que entre países amigos no son aceptables las políticas de hechos consumados.

Otra política migratoria

La crisis provocada por el Covid ha subrayado el problema de la población migrante en situación de irregularidad administrativa. Se ha puesto de manifiesto el papel que tienen en algunas actividades económicas, especialmente en el campo. En Italia, de hecho, se ha producido una regularización importante porque se les necesita. En España, el Gobierno ha concedido a los migrantes jóvenes que se incorporen al campo una autorización de residencia y de trabajo para dos años. La fórmula incluye una prórroga de otros dos, con lo que demostrarían los tres años de arraigo necesarios para regularizarse.

El hecho es que la inmensa mayoría de los migrantes en situación irregular no llegan en pateras sino con un visado de tres meses. Esperan tres años para regularizarse, en los que se da la situación paradójica de que muchos se integran en la economía sumergida, pero no pueden acceder a una vivienda. No es extraño que queden a merced de las mafias. No cotizan a la Seguridad Social ni pueden acceder a los servicios públicos. No sería descabellado que aquellos que estén en España y tengan una oferta de trabajo pudieran residir regularmente de forma inmediata. Se ha argumentado que la espera de tres años en situación irregular es una forma de evitar el efecto llamada, que sin duda es un problema que hay que resolver, pero no de este modo. La crisis del Covid es una buena ocasión para cambiar una política migratoria que no ha funcionado.