La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, explicará mañana en el Congreso cómo revertirá el Gobierno y en qué plazos los puntos más conflictivos del real decreto de racionalización del gasto público educativo que aprobó el Ejecutivo del PP, y que provocó recortes en las aulas.
La primera comparecencia de Celaá en la Comisión de Educación del Congreso coincide precisamente con la presentación de un informe de su departamento, el pasado viernes en el Consejo de Ministros, sobre el impacto del citado decreto de 2012.
Según el Ministerio, ese real decreto "tenía como único objetivo la reducción del gasto público, sin tener en cuenta las consecuencias de sus medidas en el funcionamiento de los centros educativos y en las condiciones de trabajo del profesorado".
Fuentes del departamento que dirige Celaá han explicado a Efe que las medidas de ese decreto, como las que afectaban a la elevación de las ratios de alumnos por aula, al incremento de la jornada lectiva del personal docente y a la sustitución de profesores por interinos pueden ser modificadas por ley ordinaria.
El decreto del Gobierno del PP fue impugnado en su día por Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Navarra y País Vasco, pero el Tribunal Constitucional consideró, en distintas sentencias, que las medidas adoptadas en materia de educación no universitaria se ajustaban al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado.
El pasado mes, Celaá adelantó en el pleno del Congreso que el Gobierno revertiría "en el menor tiempo posible" las medidas más polémicas que conllevó ese real decreto y añadió que era "especialmente sensible" a todo lo tocante a la educación pública.
No obstante, desde Unidos Podemos se le exigió una "fecha concreta" para derogar dicho decreto, que calificó como "una losa" para la educación pública.
Asimismo, el responsable federal del Área de Educación de IU, Enrique Díez, ha pedido en un comunicado que el Gobierno consolide "un compromiso de financiación estable al menos similar a la media de la UE15, es decir, del 6,2 % del PIB".