El PP-A, que ejerce la acusación popular en el caso ERE, ha pedido al tribunal que enjuicia a 22 excargos de la Junta dejar sin efecto su renuncia a reclamarles 741 millones por responsabilidad civil, al no poder interrogar a la presidenta Susana Díaz sobre la acción de la Junta para recuperar lo defraudado.

La Junta de Andalucía se personó inicialmente en la causa como acusación particular, en calidad de perjudicada, si bien en la pieza política del caso ERE -en la que están procesados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a 20 exaltos cargos- pidió el archivo al no ver delitos penales, por lo que no es parte en el juicio, si bien se reservó el derecho a emprender acciones civiles.

La Fiscalía y el PP, en el trámite de cuestiones previas del juicio, renunciaron a las responsabilidades civiles pedidas a los procesados en sus escritos de acusación al haber renunciado al proceso la perjudicada, la Junta.

Sin embargo, el PP-A ha remitido ahora un escrito al tribunal solicitando que deje sin efecto su renuncia a esa petición de responsabilidades civiles "ante la imposibilidad" de "interrogar" a la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, "sobre la actuación de los letrados de la Junta de Andalucía en el presente procedimiento, especialmente sobre la supuesta reserva de acciones civiles".

El PP pidió en las cuestiones previas citar como testigo a Susana Díaz con el argumento de su "amplio conocimiento de los hechos como ha puesto de manifiesto en numerosas comparecencias públicas".

El tribunal rechazó su petición "al no justificarse mínimamente la relevancia" de su testimonio ya que "el argumento esgrimido en relación a las manifestaciones públicas realizadas" por Susana Díaz sobre los hechos enjuiciados "no la convierte en testigo relevante de los mismos".

El PP esgrime ahora que su petición de volver a reclamar responsabilidades civiles a los acusados obedece a la "defensa de los derechos de la Hacienda Pública andaluza y de los andaluces en general" al considerar que "la actuación los letrados de la Junta de Andalucía es contraria a los intereses generales a los que deben servir".

Señala que no consta ningún acuerdo del Consejo de Gobierno para ordenar acciones civiles al gabinete jurídico ni decreto para ejercer dicha acción por parte de la Consejería de Hacienda, "que sería la competente para la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la comunidad" ni de otra consejería.